(Pulso) El mecanismo mediante el cual se realizará la consulta indígena en la evaluación ambiental de proyectos de inversión en Chile fue objeto de críticas por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La entidad dependiente de Naciones Unidas publicó un documento en el que se analiza el cumplimiento de las obligaciones suscritas por los estados miembros, entre los que Chile ocupa un rol clave, luego de que se comenzara a aplicar el Convenio 169 de la OIT que regula los derechos ancestrales de las comunidades indígenas.
En el texto, la entidad pide al Gobierno de Chile que informe sobre la entrada en vigencia del nuevo reglamento sobre la consulta y la forma en que se generó la normativa.
«La comisión solicita al gobierno que en su próxima memoria presente informaciones que permitan examinar la manera en que la nueva legislación asegura la efectiva consulta de los pueblos indígenas en todas las medidas susceptibles de afectarles directamente y da pleno efecto a las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 15 y 16 del Convenio», señala la entidad en el documento.
Se añade que el Estado de Chile llevó adelante un proceso de diálogo con representantes de los pueblos indígenas para consensuar una nueva normativa de consulta y participación, que finalizó en julio de 2013. De acuerdo con el reporte de la OIT, el gobierno chileno informó que el trabajo emanado de esas reuniones no derivó en algún tipo de acuerdo, pero a pesar de ello se dictó el reglamento, lo que fue objeto de cuestionamientos por la entidad internacional.
En su respuesta, la comisión recordó al gobierno de Chile que el convenio busca generar instancias de participación activa de los pueblos indígenas «que incluya la presentación de iniciativas y propuestas de medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo y que los lleven a decidir sobre sus prioridades».
Dudas sobre las tierras raras
Si bien pone de manifiesto las dudas al respecto, no se pronuncia sobre si Chile cumplió o no con estas obligaciones.
En relación con la participación, en la memoria presentada por el gobierno chileno a fines de 2013 se le planteó a la OIT la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley que cree un consejo de pueblos indígenas a nivel nacional, y que cumpla el rol de asesorar en la formulación de las políticas que afecten a los pueblos interesados. Pero todavía no existe un cronograma para desarrollar esa iniciativa.
Donde sí se manifiestan discrepancias en el actuar de Chile respecto a las garantías de los derechos de los pueblos originarios es en la regularización de terrenos.
Según la OIT, en los comentarios anteriores ya se habían presentado las dudas respecto de la regularización de derecho a tierra reclamados por los pueblos indígenas, por lo que Chile cae en incumplimiento.
«La comisión reitera su pedido al Gobierno para que informe en su próxima memoria de manera detallada sobre la adecuación con el convenio del mecanismo de regularización de tierras y su procedimiento de solución de conflictos», añade en sus comentarios la OIT.