(La Tercera) Setenta procesos de sanción, de los cuales casi la mitad son por denuncias y multas por US$ 18 millones, acumula la Superintendencia de Medioambiente (SMA) desde su puesta en marcha. Juan Carlos Monckeberg, titular del organismo, dice que le ha tocado un “duro y extenuante” trabajo para echar a andar la nueva institución. Ha recibido críticas de parte de las empresas, que desearían que los procesos fueran más reservados, pero dice que la nueva institucionalidad llegó para quedarse. “Las empresas deben tener claro cuáles son sus obligaciones”, afirma tajantemente. Confiesa que le gustaría seguir en el cargo y que la inamovilidad es uno de los temas pendientes para un mejor funcionamiento del organismo. Descarta el apelativo de Sheriff que le han colgado y adelanta que este año el organismo se concentrará en analizar el cumplimiento de los planes de descontaminación, aunque no dejará de lado el fiscalizar a las empresas.
¿Cuál es el balance de su gestión?
Nuestro primer objetivo fue posicionar a la SMA. Hubo gente que no le daba mucha credibilidad a lo que el organismo podía hacer y con el tiempo, se fue demostrando que con sus actuaciones ha ido cambiando la gestión de las empresas. Según un estudio que encargamos, el 70% de las compañías ha cambiado sus niveles de gestión desde que opera la SMA. Ese porcentaje es uno de los principales éxitos. No solamente hemos sancionado a empresas grandes, porque el 44% de las sanciones son a pymes. Tratamos, desde el punto de vista de la fiscalización y la sanción, de hacer un barrido con todos nuestros regulados y darles señales a todos. La carga de trabajo ha sido tremenda, porque todo partió de cero. El nuevo superintendente que venga tendrá unas condiciones mucho mejores a las que tuvimos nosotros cuando partimos.
Se dice que la SMA es una especie de Sheriff…
El estándar de la fiscalización ha mejorado significativamente y, justamente, eso era lo que buscaba la reforma a la institucionalidad ambiental: que se fiscalizara más. Las compañías sabían a qué se comprometen cuando se les entregan permisos ambientales. Tuvieron dos años para prepararse para la entrada en funcionamiento de la SMA, entonces, cargarle la mano a una institución diciendo que son Sheriff o que son pro empresas o verdes, no corresponde. Acá estamos hablando de cumplimiento legal. Hay una situación de base que no se puede desconocer, que es que las empresas debieran tener claro cuáles son sus obligaciones. La figura del Sheriff es una caricatura.
¿Las empresas son laxas en cumplir con la normativa?
No me atrevería a decir que las compañías son más laxas. Entiendo que hay complejidades para, a veces, ajustarse a ciertos permisos o exigencias, pero lo que echo de menos es que la misma ley entrega herramientas a las empresas que permiten poner remedio a esas condiciones que están redactadas de una forma no muy concreta, que no hay claridad de cómo se cumple, y esos mecanismos han sido poco utilizados por las empresas. Lo que nosotros queremos como fiscalizadores es que todo el mundo tenga claro qué tiene que hacer, y la primera obligación es del que tiene el permiso.
¿Pero deben mejorar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)?
Al contrario de lo que se ha dicho en algunas partes, en general, la calidad de los EIA es adecuada. Se hacen muchos estudios de línea base, se levanta mucha información. Siempre se pueden hacer mejor las cosas y hacer más estudios, pero en las empresas serias se gastan muchos recursos y hacen buenos EIA. Pero el problema no está en eso, sino que en la forma en cómo está concebido el permiso, que es como la historia de un proyecto. Creo que debiese concentrarse en señalar claramente qué es lo relevante de todo el proceso de evaluación a fiscalizar, los principales compromisos y exigirles seguimiento y monitoreo a lo más relevante y no como se piensa en Chile, que mientras más condiciones y seguimiento y monitoreos se le piden a un proyecto, mejor fue la evaluación ambiental.
¿Cuáles son las prioridades de fiscalización para este año?
Por ley estamos obligados, todos los años, a generar un plan anual de fiscalización. En 2013 pusimos la mirada en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y dejamos un poco de lado los otros instrumentos, como planes de descontaminación y normas de emisión, porque eso se lo encomendamos al resto de los servicios públicos que históricamente vienen haciendo ese trabajo. Para 2014, hemos bajado un poco la cantidad de proyectos que queremos ir a fiscalizar para, justamente, reforzar otros instrumentos de gestión, porque cuando se fiscaliza un plan de descontaminación, el efecto que tiene eso es sobre un área mucho mayor que la de un solo proyecto. La SMA pondrá el foco en planes de descontaminación que afecten a poblaciones mucho mayores que a un solo proyecto o a las normas de emisión.
¿Hay cosas de la ley que debieran modificarse para mejorar la gestión?
Creo que sería interesante avanzar en la inamovilidad del superintendente de Medioambiente y el director del SEA, justamente para que estas instituciones respondan a una política ambiental del Estado y no a una contingente. Esto sería una señal potente de imparcialidad. Mientras no se logre tener la credibilidad, la gente seguirá prefiriendo el recurso de protección cuando sienta que su derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación se ve afectado. En el caso de la SMA, la ley le encarga coordinar la fiscalización y los presupuestos del resto de los servicios para la fiscalización ambiental, pero no tiene mecanismos de control cuando esos servicios no ejecutan sus actividades de fiscalización de acuerdo con el programa.
¿La SMA necesita tener mayor potestad frente a otros servicios?
Exactamente. Acá hay dos alternativas: o los presupuestos ambientales que se les entregan a los servicios públicos y que están linkeados a la fiscalización ambiental se vienen a la SMA y ella los distribuye, cosa que sería poco realista, o se le entrega a la SMA algún mecanismo de control mayor, respecto de obligar a los servicios a hacer ciertas actividades que están comprometidas. En general, los servicios cumplen con las encomendaciones que hacemos, pero hay algunos casos donde buscamos el apoyo del servicio y la respuesta es que no lo van a hacer o no contestan. El único mecanismo de presión es transparentar esta información.
¿El nivel de las multas que aplica la SMA es un disuasivo para los incumplimientos? El caso de Pascua Lama, por ejemplo…
Creo que el tema de la multa, y en el caso de Pascua Lama en particular, está definido en la ley y los criterios a aplicar también, entre ellos, la importancia del daño causado, el número de afectados, el beneficio económico obtenido a propósito de la infracción, la intencionalidad, conducta anterior, etc. Estos criterios existen para establecer la sanción específica, tenemos un modelo matemático para determinar la multa más precisa.
Las multas no son arbitrarias entonces…
Siempre hay un espacio de discreción, donde uno pondera ciertas cosas, pero hay un esfuerzo de establecer un modelo que estamos mejorando constantemente, y que sea lo menos discrecional posible para poder llegar a multas que se ajusten de la forma más adecuada a los criterios de la ley. El nivel de transparencia, que también ha sido una de las críticas que hemos recibido, es algo que está asegurado en la ley y cuando se ve la cobertura de cada una de las cosas que hacemos hay un efecto, un costo reputacional que es difícil de medir en las compañías. Creo que hay que meter en el análisis la efectividad de las sanciones. Nadie quiere aparecer sancionado por la SMA.
A propósito de eso, ¿se equivocaron en el tema de Ventanas? ¿Hay alguna autocrítica?
No, no tengo ninguna autocrítica. Permanentemente estamos revisando nuestras actuaciones. Ese caso está siendo discutido en los tribunales ambientales. Nosotros hemos entregado un escrito al tribunal, defendiendo nuestra actuación en cada uno de los puntos. La opinión de la SMA es la que se expresó en su minuto. Vamos a seguir dando esa pelea, porque creemos que si la SMA en un año de funcionamiento no entra en los temas complejos, es mejor que se vaya a la casa. Desde mi punto de vista, es casi una obligación moral entrar en temas complejos. Estamos en plena discusión en los tribunales ambientales y si no nos dan la razón en ciertos casos, nosotros obviamente tomamos las resoluciones y podemos no compartirlas. Es decir, podemos llegar a la Corte Suprema. Estas discusiones no se acaban en el Tribunal Ambiental. Tenemos asegurado un debido proceso.
¿Y Bocamina? ¿En qué está el proceso?
Es una de las demostraciones de transparencia del sistema. Todas las actuaciones anteriores a la formulación de cargos fueron subidas al sistema. Ese caso está aún en la unidad de procedimiento sancionatorio y, por ende, no puedo pronunciarme hasta que no llegue al conocimiento del superintendente y pueda analizar toda la causa y poder aplicar cualquiera de las medidas que por ley estoy facultado para hacer.
Pero se reconoció que se construyó un proyecto que no era el original…
No puedo pronunciarme, porque tengo un impedimento legal para hacerlo, mientras no me llegue el expediente completo para poder tomar una opinión y poder resolver ese caso. Hoy, el procedimiento es llevado por la fiscalía instructora y cuando ella termine su procedimiento y me haga una pro- puesta, en ese momento puedo conocer todo el expediente y evaluar si aplicar la sanción, absolución o lo que ocurra.