(Pulso) Muchos pensaron que el regulador ambiental sería un organismo menor entre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los tribunales ambientales (TA). Sin embargo, el rigor de sus multas y fiscalizaciones han entregado a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) un rol mucho más potente.
En mayo de 2013, la SMA impuso la sanción económica más abultada de la historia ambiental: US$16,4 millones a la minera canadiense Barrick Gold por incumplimientos en su proyecto Pascua Lama.
De paso paralizó las obras de la operación mientras la empresa no ejecute el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en su autorización ambiental o RCA.
También sufrieron el rigor del regulador encabezado por Juan Carlos Monckeberg, Minera Los Pelambres, recientemente multada con US$2,3 millones y Maricunga, con $US4,5 millones.
En sólo dos años de vida, el regulador verde también ha recibido fuertes críticas por parte del empresariado y de los expertos del sector.
Según el ex director de ejecutivo de Conama, Álvaro Sapag, esta institución ha cometido los desaciertos propios de un regulador “que recién comienza a operar”.
“En un principio costó que se instalará, y es lógico que se hayan cometido errores, tal vez falta más apoyo de base. Otro elemento que creo que se debería mejorar, es aumentar la dotación de recursos y profesionales los cuales aumentarían la cobertura de fiscalización. Además creo que el énfasis debería estar no en la sanción, sino que en mayor medida en el la promoción de los planes de cumplimiento”, sostiene el abogado.
El episodio Codelco
El único sobresalto que vivió la Super durante el pasado ejercicio fue el dictamen del Tribunal Ambiental de Santiago que rechazó su solicitud para la clausura temporal de las instalaciones de la Fundición Codelco Ventanas.
Entre los argumentos del TA se advierte que no se presentaron los antecedentes necesarios por parte de la SMA para acreditar la existencia de algún daño inminente a la salud de las personas y al medioambiente.
La Super había solicitado esta medida debido a que el sector donde se depositan los desechos, no había sido sometido a impacto ambiental, pero el tribunal respondió que esta situación en si misma “no es un argumento para solicitar una medida provisional de tal envergadura”.
Luego de este revés, el propio presidente de Codelco lanzó sus dardos contra el regulador calificando la medida precautoria como una “desprolijidad”, y luego remató a la SMA calificándola como una institución “en rodaje”.
Los dichos de Thomas Keller fueron rebatidos de inmediato por Monckeberg, quien en entrevista a PULSO afirmó: “La desprolijidad es adelantarse a un procedimiento que todavía no ha concluido”.
En el gobierno aseguran que este fue el momento de mayor tensión en la institucionalidad ambiental. Sin embargo, el impasse fue bajando sus revoluciones.
“Codelco es la primera empresa que se enfrentó en serio a la SMA, y por eso le generó tanto impacto, las otras sólo han pagado. Tal vez ese fue el momento complejo de la SMA”, analiza el abogado Álvaro Sapag.
Labor fructífera
Según su último informe de operación del regulador, la SMA ha desarrollado una extensa agenda fiscalizadora, se han realizado 346 inspecciones de actividades o proyectos que cuentan con Resoluciones de Calificación Ambiental .
EL regulador tramitó aproximadamente 6.500 informes, todos ligados a exigencias establecidas en RCA de proyectos. En términos territoriales, las regiones de Valparaíso, Antofagasta, Atacama, Metropolitana y Biobío, concentran el 71% de los informes remitidos en dicho periodo. Respecto a las temáticas ambientales más reportadas, destaca que un 49% de los informes se refieren a mediciones sobre calidad del agua y del aire.
Ignacio Toro: «La SMA debería mantener un perfil técnico»
El ex director del SEA, Ignacio Toro asegura que uno de los fuertes de la Superintendencia de Medio Ambiente es su capacidad disuasiva.
El hombre clave en la conformación de la nueva institucionalidad afirma que las amplias facultades legales que posee el regulador y la posibilidad, incluso de revocar las RCA, son elementos centrales para lograr el cumplimiento de la ley.
– ¿Cómo evalúa el desempeño de la SMA?
No puedo hacer un análisis pormenorizado, pero creo que la SMA debería mantener un perfil técnico, ya que es peligroso que sólo funcione y multe con proyectos de connotación pública.
– Algunos especialistas señalan que debería ser una entidad preventiva más que disuasiva…
Yo creo que hacía falta disuasión. Una de las grandes cosas que se le criticaba al sistema antiguo es que no existieran herramientas de disuasión. Las multas eran muy bajas y eso hacía que por muy técnico que fueras no se generaba ese efecto. Tú no puedes persuadir si no tienes una pistola, lamentablemente no hay forma. La institucionalidad antigua demostró que bajo la modalidad de multas bajas era imposible seguir.
– Hablamos del caso Pascua Lama y Maricunga ¿ahí hay disuasión?
Creo que habiendo daño ambiental relevante las multas deben ser altas. El daño tiene que ser equivalente. Hay que ver cuánto han ganado las compañías que han sido infraccionadas por no cumplir temas ambientales. En el caso que existan infracciones por el uso de agua que no es legal y que le ha generado utilidades importantes, la verdad es que esas utilidades no corresponden.
– ¿La superintendencia debería trascender al gobierno de turno?
Lo he planteado varias veces. Al trascender del gobierno de turno, lo que haces es generar cierta independencia y, por lo tanto, tienes mayor libertad para tomar decisiones. Creo que es un hecho peligroso que las multas y las RCA dependen del gobierno de turno
– ¿Podría ser un cargo susceptible a presiones políticas?
Esto es súper fácil: ¿queremos que los problemas se resuelvan en etapas tempranas o tardías? Si le das inamovilidad al superintendente, eso te generará muchos problemas. Si pones esa inamovilidad en el órgano que está obligado a ponerte las medidas, lo que va a ocurrir es que los proyectos se van a aprobar con las medidas adecuadas y existirán las mismas reglas del juego en todos los eslabones de la institucionalidad.