¿Ambientalista o fast tracker? Bachelet define al super de Medio Ambiente

Feb 20, 2014

El abogado Fernando Molina; la coordinadora del programa ambiental, Valentina Durán, el abogado Lorenzo Soto y el socialista Jaime Bravo Oliva, figuran entre los candidatos.

(Pulso) La administración Bachelet ya comienza a mover sus piezas con miras a configurar una institucionalidad ambiental acorde a su programa de gobierno.

Según fuentes del sector, la Nueva Mayoría, ya ha sondeado una serie de nombres para ocupar los sillones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de EvaluaciónAmbiental (SEA).

Si bien la gestión de Juan Carlos Monckeberg finaliza en octubre de 2016, la nueva administración estaría pensando en contar en ese puesto con un profesional afín a su programa sectorial.

Y tal como ocurrió con los ministerios y subsecretarías, ya comenzaron a trascender los nombres de posibles candidatos. Uno ellos es el del abogado Fernando Molina, quien es cercano a la Democracia Cristiana, pero lo más importante: fue colaborador del futuro Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, cuando éste se desempeñó como director de la Conama Metropolitana.

Molina posee basta experiencia en derecho ambiental y actualmente es socio del estudio Cubillos y Molina Abogados. Pero también tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos de inversión. Estas características lo han llevado a convertirse en uno de los candidatos favoritos para convertirse en el nuevo regulador.

Dentro de sus asesorías se encuentra, la ampliación Puerto San Antonio (2012) y los proyectos Quetena, Ministro Hales y Nuevo Nivel Mina El Teniente (Codelco).

Otro nombre que suena es el de Valentina Durán. Si bien, era carta fija para el ministerio de Medio Ambiente -fue la coordinadora del programa ambiental de Michelle Bachelet- sin resultar nominada, sigue figurando como posible superintendenta, o en su defecto como futura directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

Durán considera que el ordenamiento territorial es clave a la hora de evitar la judicialización de proyectos de inversión y estima fundamental realizar adecuaciones al SEA para tramitar de mejor forma los proyectos emblemáticos, como HidroAysén.

La abogada de la Universidad de Chile es directora de la consultora Gescam, investigadora del Centro de Centro de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible (CDIDS) y es socia de la primera ministra de la cartera, Ana Lya Uriarte.

Otra carta en juego es la del socialista Jaime Bravo. El ex asesor del Ministerio de Energía -con Marcelo Tokman-, posee una experiencia en la tramitación de proyectos, sumado a un una amplia red política adquirida durante los anteriores gobiernos de la Concertación.

En el sector ambiental lo tildan de «fast tracker» de proyectos.

La apuesta de Girardi
Otra propuesta nace directamente del progresismo en el PPD. Se trata del abogado Lorenzo Soto, conocido litigante ambiental, quien ha puesto en jaque a buena parte de los proyectos de inversión del país.

Resistido por muchos, Soto es catalogado por sus cercanos, como un hombre minucioso y que conoce «cada rincón de la actual institucionalidad ambiental».

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