(Pulso) Solo falta su paso por el Tribunal Constitucional. Después de esto, la iniciativa para regular el lobby en Chile, que llevaba más de una década en tramitación legislativa, será ley.
Por 94 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó ayer el informe de la comisión mixta del Congreso sobre el proyecto de ley que regula las gestiones entre intereses particulares y las autoridades y funcionarios públicos chilenos, conocido como «ley de lobby». El informe había sido despachado el martes por el Senado, con 24 votos a favor, 6 en contra y tres abstenciones.
Después de su aprobación en ambas Cámaras, su paso siguiente es por el Tribunal Constitucional, pues aborda normas de leyes orgánicas del Banco Central y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Realizado este paso, sería promulgado como ley.
La iniciativa regulará el lobby en el poder Ejecutivo y Legislativo, no así en el Judicial, pues está establecido por norma que éste no debe ser sujeto de lobby.
Entre otras cosas, el proyecto establece un registro público de lobbystas, a cargo del Consejo para la Transparencia. Estos podrán inscribirse previamente de forma voluntaria o serán identificados a medida que realicen sus actividades y gestiones, lo que deberá ser informado por las autoridades y funcionarios públicos que sean sujetos pasivos de lobby.
Según el proyecto, serán sujetos pasivos de lobby las autoridades del Ejecutivo, de los gobiernos regionales y comunales, el Congreso, y los organismos autónomos del Estado. De esta forma, serán ellos quienes informen, por transparencia activa en sus sitios web, si recibieron a representantes de intereses particulares. Además, cada tres meses, el Consejo para la Transparencia actualizará esta información de forma centralizada en su sitio web.
En síntesis, se deberá informar quiénes hicieron lobby, con qué propósito y hacia qué autoridad o funcionario.
Desde el Congreso, el ministro Cristián Larroulet, informó que el Presidente de la República tendrá tres meses para dictar el reglamento de la ley, el que comenzará a ser elaborado durante este gobierno. Sin embargo, por plazos legislativos, probablemente quede como tarea del gobierno entrante de Michelle Bachelet y el nuevo Congreso.