(Cámara de Diputados) En línea con la agenda de desarrollo del Gobierno, el Ministro de Minería, Hernán De Solminihac, presentó ante la Comisión del ramo de la Cámara de Diputados un proyecto (boletín 9169) de Ley Pro Inversión Minera, el cual presenta tres objetivos principales: mejorar la información disponible para los inversionistas y las comunidades, disminuir la judicialización que incide en la ejecución de proyectos y perfeccionar los permisos aplicables.
La idea de la propuesta, según destacó en su presentación el Ministro, es modificar algunas normas jurídicas que inciden sobre los procesos de tramitación y ejecución de proyectos de inversión en el ámbito minero y promover, por esa vía, un ambiente que estimule y posibilite de mejor manera la ejecución de dichos proyectos.
Las modificaciones se efectúan a cuatro cuerpos legislativos: Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (20.551), Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería (DL 3.525), Código de Aguas y el Código de Procedimiento Civil.
De Solminihac explicó que uno de los cambios se relaciona con la “denuncia de obra nueva”, de modo que sea usada por la gente que realmente la necesita y para que se no se detengan los proyectos.
Indicó que, hoy, se produce la paralización de diversas iniciativas por el uso inadecuado de la acción de denuncia de obra nueva por parte de titulares de servidumbres o poseedores de inmuebles. Acotó que la propuesta pretende asegurar la debida protección de los derechos de quienes son titulares de dichas servidumbres o inmuebles frente a la edificación de obras que puedan causarles perjuicios en sus terrenos. Además, se buscará desincentivar el mal uso de este tipo de denuncia, por parte de quienes quieren entorpecer proyectos, ya sean mineros o de otra índole.
El Ministro señaló que otra modificación radica en el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) la facultad para abordar el procedimiento de autorización de los depósitos de relaves, cuando estos presentan una concentración de 65% o más de sólidos.
Además, se plantea la facultad para que el regulador determine qué incluye el concepto de información geológica básica que el Sernageomin puede exigir a una empresa minera, así como los plazos y medios de entrega y se imponen sanciones en caso de incumplimiento.
Asimismo, se propone una actualización del catastro de propiedad minera a través de los boletines oficiales, para que dicha información esté disponible para el resto de la población: Dijo que se pasará de seis meses (exploración) o 2,5 años (explotación) a prácticamente 60 días.
Finalmente, la quinta área de acción se relaciona con la Ley de Cierre de Faenas, en donde se propone perfeccionar el cálculo de la vida útil de los proyectos mineros que deben garantizar el cumplimiento de sus planes de cierre, permitiendo que se pueda estimar con recursos y/o reservas.
Según se explicó, muchas faenas, sobre todo las de tamaño mediano, disponen de extensos recursos, pero de escasas reservas demostradas. Resaltó que determinar reservas involucra mayores gastos y tiempo que determinar recursos, ya que se deben realizar prospecciones de alta densidad y los estudios técnico-económicos de método de explotación al detalle.
El diputado Luis Lemus (PS) valoró la idea de tener un catastro geológico actualizado, pero criticó la influencia que pueden tener en el ámbito ambiental otras de las modificaciones. En este ámbito se manifestó preocupado por la desvinculación de la Dirección General de Aguas (DGA) de las autorizaciones de los depósitos de relave.
“Hay que andar con cuidado. ¿Qué pasa con la contaminación de las napas subterráneas, qué pasa cuando atraviesa un concentraducto por donde hay plantaciones o poblaciones? Hay que tener atención con esto”, recalcó.
El diputado Mario Bertolino (RN) consideró que es un buen proyecto que va en la línea de facilitar la actividad minera y evitar la alta judicialización presentada en el último tiempo. Sin embargo, dijo que hay que aclarar aspectos de la ley vigente y coincidió con el diputado Lemus en lo relativo a la marginación de la DGA en las autorizaciones de los relaves. “Creo que el diputado Lemus ha hecho un punto valedero que merece discutirse y analizarse en profundidad”, comentó.
Sobre la materia, el Ministro señaló que hoy ambas instituciones están cofuncionando, lo cual suele traer ciertas dificultades. “Lo que estamos haciendo es que cuando haya un tranque de relave de contenido sólido bastante grande, sólo lo pueda llevar el Sernageomin, para la aprobación y autorización de los tranques”, insistió.
Afirmó que el Sernageomin también tiene especialistas hidrogeológicos capacitados para determinar las filtraciones en las distintas cuencas del país. Informó que, por ejemplo, hay un estudio de toda la cuenca de Copiapó hecha por el Sernageomin que, incluso, fue aportado a la DGA. “Es una falta de información respecto de las capacidades del Servicio”, puntualizó.
Interconexión de sistemas eléctricos independientes
En otra materia, el presidente de la Comisión de Minería, diputado Carlos Vilches (UDI) informó que en la pasada sesión del miércoles (4 de noviembre) se le entregó al Ministro de Energía, Jorge Bunster, el paquete de indicaciones al proyecto (boletín 9022) que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes.
Señaló que las indicaciones buscan garantizar que esta iniciativa no se constituya en letra muerta, especificando que el sistema interconectado pueda recibir la energía proveniente de diversas fuentes, como por ejemplo, las provenientes de una planta solar o de un parque eólico. El problema, explicó radica en que se está contemplado a la fecha sólo el uso de corriente continua en el tramo que uniría Antofagasta a Copiapó, lo que impediría a proyectos privados incorporarse (corriente alterna).
Comunicó que el Ejecutivo quedó de la analizar las propuestas parlamentarias y entregar una respuesta la próxima semana, ocasión en que, idealmente, se comenzaría la votación en particular.