(El Mercurio) La inversión extranjera directa (IED) materializada en el país a través del mecanismo Decreto Ley 600 acumuló al tercer trimestre US$ 5.634 millones, el mayor registro exhibido entre enero y septiembre en casi una década, según reportaron fuentes oficiales.
La cifra -que refleja la inversión foránea «productiva», pues no contempla aportes de divisas ni de capitales especulativos- es, además, 32% superior a los flujos revelados durante igual período del 2012.
Antecedentes del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y del Banco Central, demuestran que la contribución de los montos del DL 600 elevaron el registro total de capitales internacionales ingresados a Chile durante los tres primeros trimestres de 2013 a US$ 14.424 millones. Este monto -que incluye la reinversión de utilidades de las empresas foráneas y transacciones en el mercado financiero- es casi la mitad de toda la IED registrada el año pasado, cuando se alcanzó el máximo histórico de US$ 30.323 millones.
Por concepto del DL 600, se aprecia que los sectores que más han recibido inversión durante 2013 son minería y seguros, mientras que el país que más aporta recursos entre enero y septiembre es Japón, con US$ 1.965 millones, que superó a un histórico contribuyente como Estados Unidos.
Carlos Dettleff, vicepresidente ejecutivo (S) del CIE, destacó que las cifras actuales del DL 600 demuestran que «Chile sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera» y cuestionó la propuesta del programa de la candidata presidencial Michelle Bachelet, que estudia derogar este mecanismo de IED para ratificar la estabilidad institucional del país.
Una de las garantías para los inversionistas extranjeros que genera el DL 600 es la protección ante eventuales restricciones al libre movimiento de capitales impuestas desde el Banco Central. «Se dice que los estatutos de un Tratado de Libre Comercio serían suficientes para dar resguardos, lo que no es efectivo, pues existe un anexo contractual que reconoce todas las facultades del ente rector en esa materia», dijo Dettleff.
La autoridad añadió que otro perjuicio de la derogación de este Decreto Ley sería el aumento de los costos de inversión para las empresas foráneas «ya que el DL 600 evita que las compañías paguen IVA cuando traen bienes de capital. Además, las primas de los seguros que suscribirían en el futuro tenderían a subir».
«También preocupa que se hable de derogar este mecanismo sin proponer antes una política o estrategia para la atracción de inversiones extranjeras», señaló.
El ministro de Economía, Félix de Vicente, también analizó la discusión sobre el DL 600 y aclaró que «distinto es si se plantea en el debate la posibilidad de modificar este mecanismo. Claramente es una norma que se puede modernizar, y existen recomendaciones de la comisión público-privada de expertos al respecto».