DL 600: Autoridades realizaron cambios en 1993 y expertos apoyaron mecanismo en 2010

Nov 20, 2013

El programa de gobierno de Michelle Bachelet propone eliminar esta herramienta para atraer inversiones extranjeras.

(El Mercurio) El Decreto Ley 600 fue creado en 1974 y es responsable de la mayor parte de la entrada de inversión extranjera al país: en los últimos 38 años se han acogido a este mecanismo proyectos por US$ 90.444 millones, lo que representa 60,2% del ingreso bruto de capitales a Chile, según cifras del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE).

En las últimas semanas, el decreto ha estado en el centro de la discusión política y económica, debido a la propuesta de la candidata a la presidencia, Michelle Bachelet, de eliminar este mecanismo. Alejandro Micco, uno de los asesores económicos de la ex Presidenta, dijo que el decreto se gestó en un período de alta incertidumbre económica, como fue la nacionalización del cobre durante los setenta, razón por la cual las autoridades necesitaban otorgar certeza jurídica a los capitales extranjeros. Pero Chile actualmente tiene una estabilidad que ya no hace necesaria la mantención de esta herramienta, agregó.

Sin embargo, la parte poco recordada es que dicha normativa sufrió cambios significativos y fue respaldada por parlamentarios de la Alianza y de la Concertación, y por expertos en, por lo menos, dos oportunidades.

El 31 de marzo de 1993 la Ley 19.207 fue publicada en el Diario Oficial y modificó el DL 600. El cambio en la normativa tuvo un apoyo trasversal y fue impulsado por la administración del Presidente Patricio Aylwin.

Los ex ministros de Economía Carlos Ominami y Jorge Marshall respaldaron la normativa y trabajaron en los cambios para mejorarla y hacerla más atractiva a los ojos del inversionista extranjero. Mientras que en la comisión de Economía del Senado participaron los parlamentarios Francisco Prat, Sebastián Piñera, Jorge Lavanderos, Ricardo Hormazábal, Olga Feliú y Bruno Siebert.

Entre las modificaciones al DL se concretaron la reducción del plazo de repatriación de capitales de tres a un año. También se aprobó no someter a plazo de remesa a las utilidades que hayan sido capitalizadas, siempre que hayan cumplido las obligaciones tributarias correspondientes. Además, se redujo la tasa de invariabilidad tributaria por diez años para el inversionista de 49,5% a 42%.

Comisión de expertos
En 2010, una comisión transversal de expertos, conformada por Mahmud Aleuy, José Pablo Arellano, Cristián Eyzaguirre, David Gallagher, Roberto Guerrero del Río, Fernando Larraín, Gonzalo Rivas, Guillermo Vásquez, Rodrigo Vergara, Matías Mori y Carolina Fuensalida, elaboró un informe que proponía una serie de modernizaciones al DL 600. Finalmente, esta comisión concluyó que el Estatuto de Inversión Extranjera es útil y necesario para el país.

«Dicho cuerpo normativo entrega una clara señal de compromiso a nivel país con la inversión extranjera, además de constituir un mecanismo que proporciona seguridad y certeza a este tipo de inversión. Nuestro sistema legal en esta materia, el cual fue implementado hace más de 50 años, ha sido exitoso y ha favorecido nuestra capacidad de atraer inversión extranjera», concluye el documento.

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