(El Mercurio) «Uruguay no se puede dar el lujo de renunciar a este proyecto», ya que para progresar debe apostar a «lo que permita multiplicar el ingreso del país», dijo el Presidente de Uruguay, José Mujica, tras la aprobación de la Ley de Minería de Gran Porte, aprobada los primeros días de septiembre en el Congreso de ese país.
La importancia de esta ley radica en que «profundiza en aspectos medioambientales» y mejora «los dividendos para el Estado y para los dueños de los campos donde se ubica el proyecto», dice el senador del Frente Amplio, Daniel Martínez.
Para el parlamentario, esta ley permite asegurar que la megaminería tenga el menor impacto medioambiental posible y que el país reciba recursos por la explotación, anticipándose al problema que podría generar la instalación de Aratirí, un gran yacimiento minero de hierro que está en proceso de construcción.
Y aquí radican las principales críticas hacia la ley. Sus opositores denuncian que el cuerpo legal se hizo «para beneficiar y darle ciertas seguridades a una explotación determinada, como es el proyecto Aratirí. Fue hecha a medida para esta empresa», en palabras del diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional.
La empresa india controladora del proyecto, Zamin Ferrous, lleva paralizadas sus operaciones en el pueblo de Valentines desde 2012, por carecer de permisos medioambientales. De ponerse en marcha, podría dejarle un dividendo anual al Estado de US$ 500 millones en los primeros cinco años y US$ 1.000 millones a partir del sexto, algo así como el 2% del PIB de Uruguay. A su vez, estima crear 3 mil puestos de trabajo.
Amarilla afirmó que «estamos en contra de la actividad minera indiscriminada. Esta ley permite desarrollar la actividad en todo el territorio nacional, menos en las zonas urbanas».
Los habitantes del pueblo y sus zonas aledañas son los más afectados. Vecinos en contra y a favor del proyecto se niegan el saludo. Algunos esperan con ansias el comienzo de la actividad porque generará ingresos en materia de servicios.
Otros podrían llegar a perder sus tierras, expropiándolos a otras zonas del país.
El Ejecutivo uruguayo tiene 90 días para promulgar uno de los proyectos más discutidos por políticos y ciudadanos.
Fuente / El Mercurio