Minería en España: un futuro más negro que el carbón

Mar 5, 2013

La iniciativa, desarrollada en tres etapas, benefició a un total de 449 familias afectadas por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.

(El Economista) La minería en Castilla y León, la más importante del país, se encuentra en lo más profundo del pozo víctima de una concatenación de decisiones ministeriales que ensombrecen su supervivencia a corto plazo.

El último traspiés sufrido puede ser definitivo. El departamento que dirige José Manuel Soria ha paralizado las ayudas de 2012 a los dos principales grupos mineros, Grupo Alonso y Hullera Vasco Leonesa. En el primer caso, por un supuesto fraude en la entrega del carbón destinado al Almacén Estratégico Temporal y en el segundo, por una deuda con la Seguridad Social de 600.000 euros.

Es difícil defender a un empresario como Victorino Alonso, cuya actividad empresarial ha estado llena de denuncias de irregularidades y condenas judiciales. El tropezón ministerial en el caso de la Hullera, sin embargo, parece de libro. Es cierta la existencia de la deuda, aunque la causa hay que buscarla precisamente en la asfixia que la Administración mantiene sobre la minería regional con el retraso en el pago de las ayudas y en la definición de los cupos de extracción, que ha impedido entregar carbón durante los dos primeros meses del año.

El PP, tan preocupado cuando llegó al Gobierno en denunciar los catastróficos efectos de la morosidad de las administraciones sobre el tejido empresarial, cae en el mismo error que ha criticado, cuyos efectos pueden ser demoledores para el importante volumen de empleos que genera la minería.

La última bofetada al sector minero regional, que se suma a la drástica reducción del volumen de ayudas en 2012, tiene los visos de ser una pequeña venganza de Soria hacia los empresarios que organizaron las huelgas mineras del pasado año.

Al ministro de Industria, que según algunos tiene el beneplácito de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, se le ha ido la mano. No porque el Gobierno regional sea de su mismo signo político, sino porque no se puede cortar de buenas a primeras las posibilidades de empleo de 2.000 personas. El orgullo es el peor de los consejeros.

Fuente / El Economista

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