(AFP) La presidenta Laura Chinchilla anunció que prohibirá por ley las actividades mineras y la explotación de petróleo en Costa Rica, pero esto no la reconcilia con el movimiento ambientalista, que exige el cierre inmediato y definitivo del mayor proyecto minero del país.
Chinchilla se comprometió el martes a presentar al Congreso un proyecto de reforma del Código de Minería en las próximas semanas, para proscribir de manera definitiva la extracción de minerales a cielo abierto, así como las exploraciones y explotaciones petroleras.
Sin embargo, anunció que no cancelará una concesión a la empresa minera canadiense Infinito Gold, que está lista para iniciar operaciones en el yacimiento de oro de Las Crucitas de Cutris, cerca de la frontera con Nicaragua, que diversos sectores exigen prohibir.
El tema se ha convertido en una «papa caliente» en las manos de Chinchilla, que asumió el poder hace casi tres meses, luego de que la corte constitucional dictaminara la semana anterior que el gobierno está facultado para cancelar el permiso de esta mina.
El argumento principal para no quitarle el permiso a Las Crucitas es que el gobierno tendría que pagarle a la compañía canadiense una elevada indemnización, unos 1.700 millones de dólares, según las estimaciones oficiales.
El canciller René Castro, quien antes fue ministro del Ambiente, aseguró que Costa Rica dará un paso «atrevido» y sin precedentes al desistir por ley de la explotación minera y petrolera, lo que se suma a la determinación tomada hace muchos años de conservar los bosques (cerca de un 25% del territorio).
«Mientras en todos los demás países de América Latina, las expectativas de desarrollo se basan en esas dos actividades económicas, Costa Rica decide optar por otro modelo de desarrollo, es algo novedoso y atrevido», señaló el jefe de la diplomacia.
«Sin embargo, no podemos ser más papistas que el Papa, cancelar la concesión de Crucitas, aunque sea una rémora del pasado, (pues) tendría un costo muy alto para el país, es un lujo que no podemos darnos», argumentó.
Los ecologistas, por su parte, insisten en que Chinchilla debe quitarle el permiso a la minera.
«El gobierno está mal asesorado y ha tomado una decisión precipitada. Sin embargo, creemos que sólo los ríos no se devuelven y la presidenta Chinchilla aún tiene la facultad de detener ese proyecto, que se convertiría en la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica», dijo a la AFP David Rojas, dirigente de la «Coordinadora Ni una Sola Mina».
«Apoyamos de lleno e impulsaremos la reforma del Código de Minería, sería uno de los avances en materia ambiental más importantes que ha hecho el país, pero esa reforma no evitaría el daño que va a ocasionar la mina de Crucitas, si el gobierno no cancela el proyecto», afirmó Rojas.
Entidades ambientalistas y académicas destacan el perjuicio que tendría la destrucción de 190 hectáreas de bosque (la empresa ya taló 90), donde conviven especies de flora y fauna en peligro de extinción, tales como el almendro amarillo y la lapa verde (una especie de papagayo).
Aseguran además que ni la más estricta fiscalización (algo que promete el gobierno) es suficiente para evitar que el cianuro, utilizado en el proceso de extracción de oro, contamine los suelos y las fuentes de agua de la zona.
Las actividades de la mina están paralizadas actualmente por orden de un tribunal, que evalúa los argumentos del movimiento ambientalista, y cuya sentencia será determinante para el futuro del proyecto.
En Costa Rica no se explota petróleo, pero se han hecho algunas exploraciones.
Fuente / AFP