El Presidente de la República defendió el sábado pasado la explotación minera en el país. ¿La decisión ya está tomada, incluso para los yacimientos a cielo abierto?
El Gobierno ha mencionado que apoya el desarrollo de la industria minera siempre que haya un mayor control y participación del Estado, que se proteja al ambiente y que el proceso productivo favorezca a las comunidades. Ahora, la minería a cielo abierto es una actividad que tiene efectos ambientales. Por eso debemos analizar en cada caso qué proyectos deben ser preparados y prevenidos, además de establecer cuánto demandará la remediación frente a los eventuales ingresos que genere un yacimiento. En el Ministerio estamos analizando un proyecto de ley de minería que será debatido con la sociedad, las empresas, parlamentarios, comunidades, gobiernos locales, etc.
¿Hay un acuerdo entre el Gobierno y la Asamblea sobre este tema?
Un proyecto de ley que nace del Ejecutivo tendrá necesariamente que discutirse en un órgano legislativo. Si ese órgano es la Asamblea tenemos que verlo, pues ahora ella debe avanzar en la nueva constitución. El Presidente de la Asamblea calcula que ese trabajo concluirá en junio y el proyecto de ley minera aspiro a concluirlo a mediados de mayo. Ojalá los tiempos coincidan con el funcionamiento de la Asamblea, caso contrario debemos esperar la aprobación de la nueva Constitución y remitir el proyecto al nuevo órgano legislativo. Eso tiene otro elemento a favor. Si la Asamblea aprueba la nueva constitución tendremos un marco de referencia constitucional para aprobar la nueva ley minera.
Entonces no se espera ninguna sorpresa de la Asamblea en materia minera, por ejemplo, un mandato que limite esta actividad…
La Asamblea podría hacer un mandato que recoja los principales criterios mencionados y que sirvan de orientación para la ley. No se trata de imponer criterios. Hay asambleistas que no son favorables a la minería a cielo abierto, pero es necesario escuchar otros criterios que nos orienten con acciones de prevención, de remediación, de tecnología, etc., para que las afectaciones sean las menos posibles. Si los réditos económicos no se justifican en determinados proyectos, ni siquiera valdrá la pena pensar en desarrollarlos. Pero otros proyectos de gran envergadura pudieran generar recursos que se destinen al desarrollo del país. Me parece que por los menos se debe abrir la puerta para discutirlos.
¿Con quién? , si el Presidente dijo que ya no existe un debate sobre explotar o no los yacimientos mineros. La decisión es explotar ese recurso
En reuniones de Gabinete hemos venido tratando estos temas. Nuestra voluntad es ir al desarrollo de la industria minera del país bajo los principios que he mencionado, y por supuesto siguiendo las políticas del Presidente. Queremos impulsar la minería bajo principios de protección al medio ambiente, de respeto a las comunidades, de participación de las comunidades, etc. Eso queremos concretar a través de la ley y por eso vamos a proponer un gran debate hasta mediados de mayo.
¿Qué tiempos maneja?
Aspiro a concluir el borrador de la ley minera hasta finales del presente mes, de tal forma de empezar a socializarlo desde abril. Espero que podamos cerrar ese debate a mediados de mayo.
¿Qué avances tiene la ley?
Se ha avanzado en el texto preliminar, el cual queremos enriquecerlo con el debate con la sociedad y la asesoría de países amigos, concretamente de Chile. Ahí establecí contactos con Codelco, que es la empresa estatal, con parlamentarios y con el Gobierno. Chile tiene 250 años de historia minera y podemos aprender de su experiencia y de sus errores.
Las empresas mineras que operan en el país dicen que hay US$ 200.000 millones en recursos que se pueden explotar en cuatro yacimientos. ¿Qué cifras maneja el Gobierno?
Debemos tener cierta prudencia con las cifras que manejan las empresas. Estamos haciendo un trabajo para verificarlas. El Gobierno tiene cifras que evidencian un potencial, pero queremos analizarlas a fondo.
¿Qué cifras maneja?
No las tengo en este momento, pero en términos generales existe un potencial económico que permitiría que cuando se acabe el petróleo -ojalá sea en el mayor tiempo posible- los recursos mineros pueden seguir sosteniendo el desarrollo nacional.
Fuente / El Comercio, Ecuador