Alcides Lira (81) vive sin agua ni luz, pero afirma que a pesar de todo no va a dejar el campamento minero de Chuquicamata. Casi al borde de las lágrimas, recuerda que su emporio «La Verbena», ubicado en pleno casco histórico, pasaba repleto de gente. Ahora, observa el lugar y se siente desolado.
«Cuando Codelco me dé un lugar para armar tal cual mi negocio, me voy, porque ahora no tengo dónde. Me da mucha pena ver todo esto vacío, donde pasé las alegrías más grandes de mi vida, y más encima que en la empresa me cortan la luz y el agua para que me vaya», asegura.
Lira todavía mantiene una zapatería en la parte posterior de su almacén, y junto a sus cuatro compañeros de labores relata que para cocinar o ir al baño debe acarrear agua en tambores desde otras casas que sí tienen suministro. «Es difícil la situación. Cuando me vaya no voy a volver más, porque no quiero sufrir al ver todo tapado, si son 71 años que he pasado aquí», afirma.
Sepultado
Las tortas de escorias, provenientes de las faenas del mineral, empiezan a cubrir ya parte del campamento que tras 92 años de vida fue definitivamente cerrado en agosto de 2007 por motivos ambientales y económicos.
Según la empresa, el proceso de traslado de las 3.343 familias a Calama terminó. Oficialmente se dice que no hay nadie ahí.
Pero los últimos testigos del destino del campamento suman 13 personas que se resisten a dejar Chuquicamata y sólo arrojan quejas para la empresa estatal, por el corte de los suministros básicos. «No sacamos nada con reclamar. Ellos saben que tenemos que irnos, pero quieren que sea lo más rápido posible», agrega Lira.
El grupo que se resiste a abandonar el campamento tenía prósperos negocios. Varios están con sus familias. No quieren aceptar el monto de las compensaciones que les ofreció Codelco para que se retiren del lugar. Dicen que no se van a ir hasta que la justicia resuelva su situación.
Michael Rosas (34), dueño del restaurante de comida china Chifa Ching Lung, al igual que Lira, soporta la oscuridad y no tener qué beber junto a su familia, compuesta por su hermano de 21 años y sus padres, en su local de calle OHiggins 72.
Según cuenta, cuando en 2004 la empresa le avisó que debía irse, logró un acuerdo consistente en $11 millones y la posibilidad de adquirir locales comerciales en Calama. De acuerdo a ese compromiso, los recintos debían ser entregados en abril de 2005, pero afirma que hasta la fecha no se ha concretado el pacto, y producto de ello se vio asfixiado por las deudas.
«Es mi propiedad»
En su negocio, que mantiene tal cual estaba la última vez que atendió público, señala que «no me echan porque yo tengo dominio sobre la propiedad. Y los millones todavía no me los pasan. Traté de arreglarme con ellos, pero como no aceptaron, estoy pensando en la vía judicial», indica Rosas.
Ruth Uribe (65) vive junto a su cuñado Nelson Castillo (81) en lo que queda del local «Minimarket Normac», en unos de los sectores que están fuera del cerco que resguarda la zona del casco histórico en el solitario campamento.
«Algunos de mis ex clientes me llevan cosas, y para ver, tengo que prender velitas porque no hay nada. Para bañarme, tengo que ir a Calama, donde mis hermanas, y volver rapidito porque después no hay vehículos», cuenta Ruth.
Señala que la oferta de $10 millones que hizo Codelco por su local no la satisfizo, y por eso no piensa dejar su hogar.
En estos momentos, su demanda contra la empresa estatal está en la Corte Suprema, dice, pues no aceptaron el ofrecimiento que hizo Codelco en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y afirma, tajante, que «si ahí me va mal, voy a demandar al Estado».
Zona industrial
De vez en cuando entran turistas en grupos organizados al casco histórico, en tours privados, pero ahora se suspendieron por 10 días esos breves recorridos para cambiar de lugar el mirador que permite una vista al mineral.
En la cuprera, a través de la Dirección de Comunicaciones y Asuntos Públicos, explican que las antiguas redes de suministros de servicios básicos dejaron de funcionar para dar paso a las nuevas, que se utilizan en áreas laborales. Además, toda el área del campamento va a ser declarada «zona industrial».
Respecto de las personas que aún viven en el campamento, Alicia Aravena, de Asuntos Públicos de Codelco, afirma que se trata de casos puntuales y que a cada uno de ellos se les entregó una compensación económica, por lo que ya deberían haberse cambiado.
«Si no han abandonado las propiedades es porque el tema está en tribunales», dice.
Fuente / El Mercurio