Durante las últimas semanas se ha reabierto el debate político sobre la Ley 13.196, conocida como Ley Reservada del Cobre, esta vez con claras opciones para derogar esta normativa y sus posteriores modificaciones DL 1.530 (1976), Ley Nº 18.445 (1985) y Ley Nº 18.628 (1987).
El gobierno evalúa cinco alternativas para reemplazar la actual ley por otros instrumentos que permitan atender el financiamiento de las Fuerzas Armadas, lo cual podría acontecer a comienzos del próximo año.
Hasta ahora, este debate había sido postergado, entre otras razones, por la falta de condiciones políticas para una discusión adecuada respecto de un tema de alta sensibilidad nacional como es el financiamiento militar.
La ley reservada contempla el traspaso del 10% de los ingresos obtenidos por Codelco en ventas de cobre y subproductos en el extranjero al Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena) a través de un depósito en el Banco Central de Chile, con el propósito de financiar la compra de equipamiento militar.
No sólo las necesidades de mayor transparencia política hacen necesario derogar esta normativa, sino también la conveniencia de separar criterios de manejo fiscal de la administración moderna de una empresa. Disociar los recursos que genera Codelco de un uso específico, especialmente si trata del financiamiento de las Fuerzas Armadas, es un paso importante para avanzar hacia un mejor ordenamiento del Estado y sus instituciones.
Además, el esquema impuesto por esta ley afecta la imagen de Codelco al asociarla a un mecanismo de financiamiento militar que no es compartido por vastos sectores nacionales y que no es comprendido por la comunidad internacional. Esta situación es para Codelco una barrera, potencial o real, para aprovechar oportunidades fuera de Chile y para la asociación con terceros, afectando además a los inversionistas en bonos de Codelco.
La ley reservada es utilizada por diversas organizaciones que cuestionan el aporte que hacen los recursos naturales al desarrollo de Chile, siendo considerada incluso como un ejemplo de los “males” de la riqueza obtenida de actividades de explotación de recursos naturales. Diversas ONG cuestionan la legitimidad de la explotación del cobre en Chile debido a que financia armamentos en lugar de gastos sociales, llegando incluso a mencionarse como ejemplo de malas prácticas en conferencias internacionales como la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Además, la Ley Reservada es una permanente fuente de inestabilidad política. Al establecer montos mínimos de aporte calculados sobre las ventas en lugar de las utilidades, e independientemente del nivel que alcance el precio del cobre, puede significar una fuerte presión sobre los excedentes de Codelco. Este tema es especialmente relevante considerando la tendencia al alza que han experimentado los costos de la industria minera, incluyendo por cierto a Codelco. En un escenario de disminución del precio de los commodities como el cobre y el molibdeno en algunos años más, podría darse el caso de que el aporte de Codelco al fisco para otros ítems se vea seriamente comprometido.
Finalmente, la existencia de leyes reservadas representa un anacronismo en el estado de la democracia en Chile. El carácter estratégico de la minería para el país debe reflejarse, más que en esquemas de seguridad nacional, en su capacidad para convertirse en una actividad de liderazgo mundial que realice un aporte cada vez más profundo, diversificado e integrado a la economía de Chile.
Fuente / Cesco