Conama estudia enviar al CDE reclamos por daños causados por minera Cosayach

Ago 30, 2006

La acción va en paralelo a la demanda de la DGA por pozos sin autorización Este jueves representantes de la compañía están citados por consejeros regionales de Iquique para evaluar, además de los daños ambientales, posibles perjuicios contra el patrimonio.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de la I Región realizó ayer una sesión especial en la cual recibió informes de diversos servicios públicos de la región sobre la operación de la minera Cosayach, perteneciente al empresario Francisco Javier Errázuriz.

Según el director de la Conama I Región, Karim Duk, se les pidió informes al SAG, Conaf, Conadi, Dirección General de Aguas (DGA) y Serneagomin, entre otros, para analizar y determinar si la empresa ha causado daños al medioambiente durante los años que ha operado. Agregó que la ley ambiental cumplió 12 años y que la firma existe desde antes de esa fecha y que nunca ha sometido a evaluación un proyecto ambiental.

“Con estos antecedentes discutiremos una forma de coordinación en torno a Cosayach, porque como Conama visualizamos que en un espacio de por lo menos seis años la empresa ha aumentado su producción modificando su proyecto bastante, por lo cual hubiera sido lógico que hace tiempo entrara al sistema de evaluación de impacto ambiental”, indicó Duk.

El funcionario señaló que la Conama evaluará los antecedentes que recibió de parte de los servicios y que si amerita los presentarán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe el inicio de un procedimiento contra la empresa. Agregó que si la firma opta por presentar ahora un estudio de impacto ambiental, quedará todo el período en que ya han operado sin regulación. “Pueden partir y regular su tema ambiental, porque deberían hacerlo, pero eso no significa que no estemos tomando en cuenta lo que ha ocurrido hacia atrás”, indicó.

En este sentido, el subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, señaló que la DGA demandó a Cosayach tras detectar la existencia de 48 pozos para extraer agua en la Pampa de Tamarugal, de los cuales 30 estaban habilitados para funcionar y 18 de ellos operando, sin que ninguno de ellos tuviera derechos de agua constituidos.

“A primera vista nos pareció que se constituía el delito de extracción ilegal de agua”, explicó Saldivia, agregando que las instalaciones se ubican dentro del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado, donde hay exigencias jurídicas y ambientales mayores.

Saldivia admitió que el uso de recursos hídricos sin autorización se observa en distintos ámbitos, como la agricultura (riego) y en el sector industrial y que por eso, la DGA está fortaleciendo su capacidad de fiscalización.

Reunión mañana
En forma paralela, los consejeros regionales de la I Región están atentos a la operación de Cosayach. El presidente de la comisión especial de Integración, Cooperación y Relacionales Internacionales, Jaime Valenzuela, señaló que para este jueves a las 11.00 de la mañana está programada una reunión para analizar tanto la existencia de los pozos ilegales como el eventual daño patrimonial que habría generado la minera al operar en la zona.

Fuente / El Diario

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