Son varias las iniciativas y normas, que están tramitándose o ya han sido aprobadas, que tendrán un impacto en las actividades productivas del país y en particular en la minería. Entre ellas, la ley que crea una nueva institucionalidad medio ambiental o aquella que regula el cierre de faenas, así como la Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas y la Política Nacional de Glaciares, cuyos alcances son abordados por la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, en conversación con MINERIA CHILENA.
¿Qué balance hace respecto del comportamiento de la minería frente al tema medio-ambiental?
Siempre he sostenido que todos los sectores productivos del país, incluyendo por supuesto la minería, deben trabajar por ser ambientalmente sustentables. Un actuar consciente respecto de la importancia de velar por el medio ambiente trae enormes beneficios para todos: comunidad, empresarios, ciudadanía en general y generaciones futuras. El sector minero comparte el enorme desafío de asegurar la sustentabilidad de nuestro desarrollo, lo cual implica armonizar adecuadamente crecimiento económico, equidad social y protección ambiental.
¿Cómo variará la situación actual cuando rija la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia?
Chile no será el mismo, ambientalmente hablando, cuando cuente con un Ministerio de Medio Ambiente, con un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Quisiera valorar la visión de futuro que la Presidenta Michelle Bachelet tuvo al llevar adelante la creación de esta nueva cartera. El sello de este Gobierno ha sido el de generar en Chile reformas estructurales con el objetivo de garantizar a las personas derechos en todos los ámbitos. En ese sentido, esta reforma ambiental no podía estar ausente.
¿Qué relevancia tendrá esta reforma?
El Ministerio de Medio Ambiente tendrá facultades en materia de política y normativa ambiental, y de conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales renovables. El Servicio de Evaluación Ambiental se encargará de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia fiscalizará el cumplimiento de los cuatro instrumentos de gestión ambiental: las resoluciones de calificación ambiental, los planes de prevención y/o descontaminación, las normas ambientales y los planes de manejo.
Para garantizar la transversalidad del tema medio ambiental al interior del Ejecutivo, la iniciativa incluye la creación de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, espacio en el cual se podrá discutir las políticas medio ambientales y resolver el contenido de la regulación ambiental, sin tener competencias de dirección superior sobre el Ministerio de Medio Ambiente.
Respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto de ley modifica ciertos aspectos, tales como la oportunidad, duración y sujetos de la participación ciudadana; corrige la regulación de las Declaraciones de Impacto Ambiental con el objeto de permitir la adecuada evaluación de los proyectos y establece un sistema de reclamaciones para todos los interesados.
Además, incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica, un nuevo instrumento para evaluar las políticas sectoriales con incidencia ambiental y en la sustentabilidad. También el proyecto permite la adecuación de algunos instrumentos de gestión ambiental, como los planes de manejo, e incorpora instituciones nuevas como el acceso a la información ambiental.
En materia de biodiversidad y áreas protegidas, traspasa las facultades de política y regulación al Ministerio de Medio Ambiente y al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Para la solución institucional definitiva en esta materia obliga a los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura a presentar ante el Consejo de Ministros un rediseño de la institucionalidad de áreas protegidas, biodiversidad y materias forestales dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley.
Agua y glaciares
¿Cuál es la posición de su Ministerio respecto de los conflictos por los derechos de agua (especialmente en el Norte Grande) entre agricultores y mineras? ¿Cómo debiera resolverse este tema?
La gestión ambiental del Gobierno se ha hecho cargo del problema hídrico a través de la puesta en marcha de la Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, que es un nuevo modelo de gestión ambiental que traerá enormes beneficios, especialmente para las actividades productivas que tienen como eje principal el recurso hídrico y entre las cuales se encuentra la minería. La Estrategia propone, a nivel local, la creación de un Organismo de Cuenca, institución que tendrá como objetivo la gestión del recurso hídrico para satisfacer los usos prioritarios del mismo, y armonizar la adecuada protección de los ecosistemas con el desarrollo de las actividades. Los organismos de cuencas tendrán un carácter público-privado y estarán integrados por los principales agentes o actores vinculados al recurso hídrico a nivel territorial, representantes de los distintos usuarios del agua y actores relevantes de la cuenca.
¿Cuáles son los alcances de la Política Nacional de Glaciares, aprobada por el Gobierno?
La aprobación de esta Política y su posterior estrategia permitirán preservar y conservar los glaciares de Chile, que aportan el 80% del agua dulce de nuestro país. En nuestros glaciares se evidencia, por otra parte, los efectos de la actividad humana en el planeta; registran retrocesos en su tamaño y espesor, evidenciando el impacto real del calentamiento global. Por este motivo, los escenarios futuros de necesidad de agua muestran una situación restrictiva de disponibilidad de recursos hídricos en la mayor parte del país. Esta situación llama la atención sobre la necesidad de proteger las fuentes y reservas naturales de agua como son los glaciares, para asegurar el requerimiento de los ecosistemas, de las actividades económicas y las necesidades humanas básicas.
¿Cómo se materializará esa protección?
La valoración y conocimiento de los glaciares se sustentará principalmente en la elaboración del Registro de Glaciares, que desarrolla la Dirección General de Aguas (DGA), que se actualizará periódicamente con información científica, así como el procedimiento para que los ciudadanos puedan incorporar información. El registro señalado y sus sistemas de monitoreo de los glaciares, permitirán establecer tanto su estado actual y evolución, como su grado de influencia en el territorio. En el mismo sentido, se avanza en clarificar el número y superficie de glaciares que en la actualidad se encuentran dentro de áreas protegidas.
La Política fortalecerá el compromiso entre la Conama y Conicyt, que busca materializar un fondo de investigación en materias ambientales para contar con información de las implicancias de los glaciares en su rol ecosistémico.
Se desarrollarán acciones necesarias para la preservación y conservación de los glaciares chilenos, de manera de asegurar la continuidad de los procesos naturales y productivos, como también mantener e incrementar los servicios ambientales que estos ecosistemas generan en las cuencas en que están emplazados. En este ámbito, se ha incorporado a los glaciares como criterio para que proyectos o actividades que los involucren ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mediante una modificación del Reglamento del SEIA.
¿Cuál será el nivel de importancia del factor ambiental en el proyecto de Ley de Cierre de Faenas que se tramita en el Congreso?
Hoy en todo el mundo se están desarrollando leyes y reglamentos para el cierre de minas, los que por cierto deben incluir la evaluación de los impactos ambientales al momento del cierre y post-cierre.
El proceso que lidera el Ministerio de Minería va bien encaminado. Se trata de un tema muy relevante para el Gobierno, las empresas y la ciudadanía. Esta futura ley será una herramienta para profundizar las medidas que las empresas mineras deberán tomar para lograr un cierre de faenas ordenado, eficiente y oportuno dentro del marco jurídico vigente, el que ineludiblemente debe considerar la variable ambiental. |
