Minería, pensando en su futuro desarrollo

La propuesta de política minera presentada por un grupo de actores liderados por el ex presidente Ricardo Lagos reitera la necesidad de avanzar en una “visión país” de largo plazo para este sector.

A pesar del liderazgo de Chile en la industria cuprífera, “no hemos dimensionado lo que implica ser el principal productor de cobre del mundo. No pensamos el desarrollo de largo plazo del país considerando el rol que le cabe a la minería”. Esta crítica, formulada por diversos actores desde hace ya tiempo, fue recogida por un grupo transversal de políticos, ejecutivos y representantes del mundo ciudadano que, con el respaldo del ex presidente Ricardo Lagos, elaboró un documento de propuesta de política minera que busca contribuir a revertir esta situación: Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Visión Compartida.

Si bien este no es el primer ejercicio de este tipo que conoce la industria, contar con el apoyo del ex mandatario le da una notoriedad que puede marcar diferencia, como lo planteó Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco, en una reciente presentación.

“Surgió la idea (de trabajar en la propuesta) porque la minería es clave para Chile”, relata a MINERÍA CHILENA el economista y ex ministro de Estado, Álvaro García, quien coordinó esta tarea. “Todos (los participantes en la comisión) coincidíamos en que a pesar de la importancia de la minería, el país no la apreciaba suficientemente y no contaba con una visión que permitiera aprovechar en plenitud los recursos que Chile tiene. Esa fue la motivación”, precisa.

Y añade que “queríamos provocar el mensaje de que si se ha de gestar un acuerdo nacional sobre la minería, que creemos es muy necesario en Chile, tiene que surgir del diálogo de los más diversos actores”.

En cuanto al proceso de trabajo, elegían en cada ocasión un tema a tratar, el cual era expuesto por un miembro del grupo y comentado por el resto; a partir de eso se elaboraba un documento que iba constituyendo “la memoria del grupo”, el cual seguía siendo comentado en las reuniones siguientes.

Consultados sobre cómo manejaron los temas discrepantes, García hace hincapié en que desde su mirada las convergencias fueron mayores. No obstante, hubo temas de diferencia “y en nuestro proceso las identificamos; volvimos sobre ellas, en algunos casos nos pusimos de acuerdo, en otros convinimos que no teníamos la información requerida), como fue en la evaluación del aporte tributario. Y hubo otros temas en que definitivamente no existió consenso y no formaron parte del texto, toda vez que una de las reglas que habían pactado es que centrarían su atención en los acuerdos.

“Diría que donde no ahondamos se refería a temas muy importantes para la minería, pero no propios de ella; como el tema aguas, el tema energético, el tributario (…) donde la conversación partió desde puntos de vista bastante divergentes, pero coincidimos en los criterios que están en el texto”.

Un aspecto en que hubo unanimidad es que la minería tiene que ser más que su dimensión puramente extractiva, y apostar fuertemente al desarrollo del clúster minero y, particularmente, a los proveedores con un alto contenido de conocimiento. “Con esa visión estábamos todos 100% de acuerdo”, enfatiza.

Divergencias

Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, participó en parte de las reuniones y fue una de las integrantes -junto con Nancy Yáñez, de Observatorio Ciudadano- que optaron por no suscribir el documento final. Su opinión sobre el proceso y los temas abordados es más crítica.

La líder ambientalista concuerda en que “Chile tiene que emprender una discusión sobre el desarrollo minero”, pero señala a MINERÍA CHILENA que el documento presentado no incorpora la visión del “actor distinto” a los intereses industria minera; “no se hace cargo de los problemas que existen”, refuta.

Larraín y Yáñez  hicieron presentaciones sobre “la insustentabilidad del modelo minero extractivista que ha adoptado nuestro país, desde la perspectiva de los derechos humanos y territoriales”, particularmente referidos al agua, energía, externalización y pasivos ambientales, equidad socio ambiental, derechos indígenas y participación ciudadana.

“Nosotros interpretamos que la sociedad civil fue lo suficientemente madura y responsable generando una propuesta que no tenía por qué generar problemas, pero el sector que convocaba a la discusión no tuvo la honestidad ni siquiera de incluir las posiciones”. Por este motivo, puntualiza, tras cinco reuniones optó por no seguir participando.

“No se quieren oír los conflictos y se quiere seguir haciendo lo mismo”, cuestiona.

Por este motivo, el Programa Chile Sustentable y Observatorio Ciudadano difundieron una versión alternativa de la propuesta, titulada “Chile ¿un país minero? tres prioridades para la transformación”, donde se expresa la posición de estas organizaciones.

Por el contrario, Rolando Humire, del Consejo de Pueblos Atacameños, sí optó por suscribir el documento. Reconoce que hubo discrepancias importantes, “de hecho, creo que no hay consensos en varias materias, el tema de la propiedad, del territorio… Pero decidí participar porque considero que en la contingencia actual de Chile, donde hay otras prioridades, el mundo indígena ha quedado postergado”, explica, señalando que este tema no debiera estar en segundo plano, “puesto que es un conflicto real y no podemos seguir haciendo oídos sordos”.

Asimismo, comenta que Sara Larraín y Nancy Yáñez se bajaron en un momento en que todavía no se terminaba de construir el documento final, donde sí se recogieron algunos de sus planteamientos. “Creo que ellas tienen legítimo derecho de decir ‘no quiero suscribir el resultado final’, pero fueron parte (de la discusión) e hicieron aportes muy buenos”, añade.

Institucionalidad

Un aspecto en que hubo consenso entre los actores que participaron en la discusión de la propuesta de Política Minera, fue una visión de fragilidad en múltiples dimensiones en la institucionalidad chilena -especialmente en materia medioambiental y de comunidades-, desde falta de información para tomar decisiones adecuadas, hasta escasez de recursos humanos y financieros para llevar adelante las tareas que le corresponden.

Y, vinculado de lo anterior, “comprobamos que hoy día existe desconfianza ciudadana en torno al impacto socio-ambiental de la minería”, añade Álvaro García, escenario que para que sea revertido requiere de instituciones que cumplan su rol.

“Por eso quizá uno de los temas en lo que más insistimos es la necesidad de transparentar estos procesos, adelantarnos en el tiempo, generar las condiciones para que la comunidad esté adecuadamente informada, represente bien sus intereses y, por lo tanto, se produzca un diálogo que dé cuenta de sus necesidades”.

En cuanto a la recepción por parte de la industria minera de esta propuesta y de los puntos que plantea, Alberto Salas, presidente de Sonami, comentó a MINERÍA CHILENA que “valoramos al equipo que se ha formado en torno a propuestas y análisis técnicos y de largo plazo para nuestro sector, entendiendo que de esta manera también se reconoce a la minería el valor que merece en el contexto productivo de Chile, es decir, el sector que más aporta al crecimiento del país y del erario nacional”.

Con respecto a si comparten el diagnóstico, Salas dice que existen aspectos que claramente compartimos. “De hecho -agrega-, muchos de ellos están contenidos en el documento Fundamentos para el Desarrollo Minero, un trabajo que contó con la participación de todos nuestros asociados, que difundimos a comienzos de año y que entregamos a las nuevas autoridades.

Medidas concretas

Consultado Álvaro García sobre cómo están trabajando para que el diagnóstico que realizaron dé paso a iniciativas concretas, explica que “nuestra intención es que sirva de base para un diálogo efectivamente nacional”. Y agrega que esa es una de las ventajas de suscribir el EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por sus en inglés), uno de los puntos que se recomienda en el documento, en referencia a subsanar la falta de información en materia tributaria, “porque el país se obliga a conformar una comisión plural, con personas formalmente representativas, que supervisa todo el proceso”.

También van a poner estas ideas a disposición de los actores que hoy toman decisiones, por eso comenzaron reuniéndose con la Presidenta de la República y ya tienen otras convenidas.

Sobre la falta de resultados de otras iniciativas similares, el presidente de Sonami comenta “que en esta materia –avanzar en una visión país de largo plazo- ha faltado en algunos líderes el real convencimiento de la importancia que este sector productivo tiene para el desarrollo nacional”.

En la misma línea, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco –centro que cumple 30 años aportando a la industria del cobre- , señaló en una presentación sobre el actual momento del sector que “si no se entiende que la minería es la actividad que realmente puede transformar a nuestro país, estamos mal. Esta debiera ser la cruzada más importante”.

El desafío de Codelco

El rol y situación de Codelco también mereció una atención especial en el análisis realizado. Álvaro García resume sus principales conclusiones: “proponemos que Codelco tenga mayor autonomía para llevar adelante sus planes de inversiones, que tiene que reinvertir un proporción muchísimo mayor de sus utilidades de lo que está actualmente, y que tiene que llevar adelante un plan de inversiones de un volumen también significativamente mayor al que ha hecho en los últimos años”.

Añade, en un crítica compartida y repetida por otros actores de la industria en el último tiempo, que en el caso de la Estatal ha predominado la visión de corto plazo, situación que se debe revertir: “No nos parece que una empresa de la magnitud de Codelco, de su importancia para Chile, pueda ser manejada con un criterio puramente presupuestario fiscal”.

¿Están dadas las condiciones para ese cambio? García responde que “por lo menos las personas del grupo, que están o estuvieron vinculadas a Codelco, sin lugar a dudas comparten esto”.

Participantes en la propuesta

Junto con el ex presidente Ricardo Lagos participaron en el grupo que colaboró en la propuesta “Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Visión Compartida”: Jorge Bande, actual director de Enap y ex director Codelco; Rolando Carmona, empresario y presidente de Minnovex; Raimundo Espinoza, director de Codelco y presidente de  la  Federación  de Trabajadores  del Cobre; Juan Andrés Fontaine, economista y ex ministro de Economía; Alvaro García, ex ministro Segpres y de Economía; Rolando Humire, del Consejo de Pueblos Atacameños; Bernardo Larraín, presidente de Colbún; Gianni López, ex director de Conama; Jean Paul Luksic, empresario y presidente del directorio de Amsa; Patricio Meller, economista y académico. Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable, y Nancy Yáñez, abogada y directora de Observatorio Ciudadano, participaron pero no suscribieron el documento final.