Información transparente: Minería en tercera persona

Pese a los esfuerzos por adoptar las buenas prácticas de la transparencia, aún existiría hermetismo desde las empresas, pero el desafío de redefinir su relación con las comunidades está abriendo nuevas oportunidades.

Viernes 8 de abril de 2016, Club Deportivo Caimanes: “Nosotros entendemos que tenemos un acuerdo, pero lo que importa es lo que entiendan ustedes. Si se convencen de que es algo bueno, lo firman. (…) lo que se está acordando es ley y lo vamos a cumplir. No queremos ser un factor de división entre ustedes, no queremos introducir peleas…”.

Las palabras pertenecen a Jorge Aracena, gerente de Sustentabilidad de Los Pelambres, durante la asamblea final del proceso de negociación entre la comunidad de Caimanes y la minera. Es, además, parte de un registro audiovisual de acceso público que documentó todo el proceso de negociación que finalizaría 20 días más tarde con un acuerdo para poner fin al conflicto que se inició en torno a la construcción del tranque El Mauro.

En total fueron 12 reuniones, asambleas y foros abiertos realizados en Caimanes desde septiembre de 2015. Hoy los videos de la negociación se encuentran en el sitio web de Chile Transparente, capítulo nacional de Transparency International, que ofició como observador durante el proceso entre comunidad y compañía.

Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, “no existe ningún proceso de negociación, de los complejos en Chile, del que se pueda tener documentado el proceso a nivel audiovisual, de acta y de participación ciudadana (como se hizo entre Los Pelambres y Caimanes)”.

Alberto Precht

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

La utilización de actas y grabaciones de las asambleas, foros y espacios de encuentro, además de la participación de observadores externos –aseguran desde Los Pelambres– fue el primer paso en la generación de confianzas con la gran mayoría de la comunidad, “garantizando con ello que su voz fuera escuchada y considerada en la construcción y posterior validación del acuerdo”.

Aun si no lograban llegar a buen término, reconocen al interior de la minera, “todo lo vivido obligaba a sentar las bases para un relacionamiento distinto, pues la judicialización de la relación fue la expresión de más de una década de conflictos con la comunidad”.

Más allá del ejercicio de transparencia de la compañía, Precht cree que aún falta mucho por avanzar. El mundo minero, pero en general el de las grandes empresas, explica, ha estado acostumbrado a manejarse con “discrecionalidad”, a que el cumplimiento debe ser estricta y exclusivamente legal. Pero esto, asegura, cambió.

“La discrecionalidad es el fruto de la opacidad. Existe la creencia, de hecho el Estado solía actuar así hasta antes de la Ley de Acceso a la Información (Ley 20.285 de 2008), que mientras menos información se divulgaba, más discrecionalidad y control se iba a tener. Pero el mundo cambió. El acceso a la información es un hecho más y los límites del acceso a ella han ido, paulatinamente, saliendo del ámbito de lo público”, comenta Precht.

Transparencia activa

Aunque existen diferentes niveles de entendimiento y grados para implementar la transparencia en la información, la mayoría de las compañías mineras en Chile realizan algún ejercicio en este sentido. Los reportes de sustentabilidad, una práctica instalada en la industria, son un ejemplo.

El 17 de agosto último el presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, hizo un balance de las iniciativas implementadas en materia de transparencia, igualdad de oportunidades y buen gobierno corporativo. Durante el recuento, la empresa lanzó la plataforma www.codelcotransparente.cl y firmó su adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas.

A través del sitio, Codelco busca informar a la ciudadanía sobre temas de interés con relación al uso de agua, emisiones a la atmósfera, residuos industriales líquidos y sólidos, y relaves.

Según señaló Landerretche durante la presentación, en la actualidad el 90% de las personas cree que las grandes empresas abusan y se coluden habitualmente. De ahí que en Codelco han estado dando pasos hacia una política corporativa que coloque a la transparencia, la igualdad de oportunidades y las buenas prácticas en el quehacer de la compañía.

En los últimos años la estatal ha  regulado sobre incompatibilidades y conflictos de intereses en la administración de personal, obsequios y regalos; ha implementado normas corporativas de regulación de operaciones con “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) y “Personas Expuestas a Codelco” (PEC).

Información sensible

Pero no siempre las compañías mineras están dispuestas a compartir información. Al menos ésa es la percepción que tienen en Fundación Relaves, organización nacida tras el colapso del tranque Las Palmas en 2010.  Según Raimundo Gómez, su director ejecutivo, el acceso a la información suele ser difícil.

Raimundo Gómez

Raimundo Gómez, director ejecutivo de Fundación Relaves.

“(En estos años) nos hemos reunido con la ministra de Minería, el Sernageomin, el Consejo Minero y representantes de las compañías mineras. Aunque en un comienzo se muestran muy abiertos (a entregar información), cuando empezamos a solicitar información sensible todo comienza a hacerse más complejo. Que no está el documento, que hay que buscarlo, etc.”, relata el director ejecutivo de Fundación Relaves.

El hermetismo que Gómez asegura existe en la industria llega a su máxima expresión cuando ocurren desbordes (desde tranques) o rompimiento de ductos. A su juicio, en esos casos no existe transparencia de las autoridades ni de la industria para informar, por ejemplo, qué tipo de metales pesados cayeron a un río o están en los suelos.

“Hemos tenido que recurrir varias veces a la ley de transparencia (para acceder a información de servicios públicos). Con el sector privado, simplemente, no tenemos ningún tipo de cercanía. Ellos son muy herméticos. No sólo no existen las ganas de compartir información, sino que hay una tendencia a negar todo tipo de contaminación, que es lo más grave”, opina Gómez.

Para Chile Transparente, las empresas pueden avanzar más. Evidentemente, asegura Precht, puede haber información sensible que las compañías se nieguen a divulgar; lo importante es que no sea un simple no, sino que vaya acompañado de por un por qué.

“El desafío que uno suele plantear a las compañías es que lo hagan (informen) antes de que salga una norma que se los pida. ¿Por qué esperar a que se cambie la ley de acceso a la información y que se cree, por ejemplo, un estatuto –como existe para las empresas públicas– para las mineras o las privadas de interés público?”, reflexiona Precht.

Independiente de lo anterior, comenta que las compañías mineras listadas en bolsa, como Anglo American, Glencore, BHP Billiton, Antofagasta Minerals, Freeport-McMoRan, “deben cumplir con estándares (de entrega de información) muy sobre el chileno”.

Iniciativas internacionales

En el mundo existen varias iniciativas que buscan aumentar el grado de transparencia en torno a las industrias extractivas y no todas apuntan a la empresa privada.

EITI (Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas) es un estándar desarrollado a nivel internacional que busca transparencia en los sectores petrolero, gasífero y minero de los países, a través de la divulgación de información. Una vez implementado, el estándar informa, por ejemplo, cómo el país gobierna sus recursos naturales, cómo se asignan permisos y contratos, quiénes son los beneficiarios de estos actos, etc.

Actualmente 51 países se encuentran implementando el estándar y 31 ya lo cumplen; Chile aún no se suma.

Otra iniciativa es la que nació desde el capítulo australiano de Transparencia Internacional y la colaboración de  BHP Billiton (casa matriz). La minera entregó fondos para investigar en cerca de 20 países sobre los riegos de corrupción que existen en el proceso de obtención de permisos para la minería.

“Es interesante, porque en el mundo coexisten diferentes sistemas de obtención de permisos, como el legalista-judicial de Chile, pero hay otros donde el sistema es absolutamente administrativo y discrecional”, observa Precht.

Según Chile Transparente, en nuestro país, al requerirse autorización judicial para la concesión minera, no habría mayores riesgos; sin embargo, las primeras indagaciones sugieren que aún existirían brechas por cerrar. El estudio debería tener sus conclusiones en junio de 2017.