Revista Minería Chilena Nº451

enero de 2019

Avance en diálogo territorial: Opciones para consolidar la participación temprana

Las comunidades locales muestran una creciente demanda por incidir en las decisiones que las afectan, a lo que se intenta responder a través de propuestas de nuevas formas de interacción.

El proyecto de ley que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), presentado a tramitación legislativa a mediados de 2018, incluye entre sus objetivos la ampliación de los espacios de participación ciudadana.

Como uno de los instrumentos para lograrlo, el texto establece la obligatoriedad de realizar una etapa de participación ciudadana previa, en el caso de los proyectos cuyos responsables opten por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su tramitación.

Esta fase, cuya duración no podrá ser mayor a 18 meses, busca institucionalizar el diálogo temprano entre la empresa titular de la iniciativa y las comunidades establecidas en su área de influencia.

El análisis y discusión sobre este punto ha tenido protagonismo en diversos encuentros de la industria. Uno de ellos fue la conferencia “Reforma al SEIA: nuevas reglas del juego”, organizada en septiembre último por Sofofa, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile (Camacoes) y Barros & Errázuriz Abogados.

En la oportunidad, Hernán Brücher, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se refirió a este cambio. “La idea es que las comunidades puedan opinar en la etapa de diseño del proyecto. Hoy la participación ciudadana es bastante baja, por lo tanto, acá hacemos un llamado a fortalecerla”, indicó.

Prevenir riesgos

Con 25 años de trayectoria en las áreas de comunicación, asuntos públicos y relaciones comunitarias, Rodrigo Rivas, gerente general de la consultora Valor Estratégico, entrega una visión positiva de la modificación planteada.

“Si esta instancia se realiza adecuadamente, permite reconocer y despejar temas socio-comunitarios, y disminuir riesgos e incertidumbres en etapas posteriores. Realizar ajustes y cambios tempranamente resulta menos costoso que asumirlos sobre la marcha”, explica.

Desde la perspectiva de las empresas, para el especialista es comprensible que se manifiesten dudas sobre la efectividad del mecanismo, entendiendo que ya han asumido inversiones significativas en estudios de factibilidad, ingeniería y diseño.

“El esfuerzo del Ejecutivo se valora y agradece”, comenta Eduardo Valente, socio líder para la Industria de Energía y Minería de EY Chile, quien sostiene que la “formalización de la participación ciudadana anticipada fortalece el componente de diálogo territorial y vinculación social en la industria minera”.

A la vez, deja en claro que reformas institucionales como la analizada son necesarias, pero por sí solas no son capaces de resolver los desafíos en el ejercicio de las relaciones comunitarias por parte de las compañías.

Al respecto, EY Chile publicó en 2016 el estudio “Visión de la Comunidad sobre la Inversión Social de la Minería. Caso de estudio Minera Sierra Gorda”. Para su elaboración, se realizaron estudios de campo y entrevistas en profundidad, entre otros mecanismos de investigación.

En su parte final, el informe entrega sus conclusiones, junto con identificar oportunidades de mejora para las empresas. Entre ellas, se consideran:

  • Definición y priorización de la inversión social en conjunto con la comunidad. Es necesario conocer de primera fuente las preocupaciones, a través de una metodología pertinente a las distintas realidades de cada comunidad y del proyecto mismo.
  • Análisis y actualización de los liderazgos locales. Las comunidades muestran una organización interna altamente dinámica. Las empresas requieren contar con un mapa actualizado de liderazgos, con especial atención en aquellos que son emergentes.
  • Mejora en las estrategias de información y comunicación de la inversión social. Se presentan debilidades en la sistematización y gestión de metodologías y recursos para sostener el diálogo sobre los proyectos, incluyendo sus objetivos, plazos e impactos esperados.
  • Evaluación y medición de resultados. El trabajo en ambas etapas entrega información relevante sobre la calidad y efectividad de los planes ejecutados, lo que facilita la mejora continua de ellos.

Evitar asimetrías

Desde su nacimiento en 2004, Fundación Proyecto Propio se ha comprometido con iniciativas en el ámbito local y territorial donde se coordinan los sectores social, estatal y empresarial, para obtener logros significativos en las comunidades. Algunas de las áreas en las que trabajan son educación social, economía local, organización de base y cooperación multisectorial.

En relación al diálogo territorial, el director ejecutivo de la entidad, Sebastián Cantuarias, ha observado en terreno la creciente incidencia comunitaria en inversiones de gran escala e impacto.

“Veinte años atrás tenían una capacidad menor de influir territorialmente, pero distintos fenómenos nacionales y globales han estimulado su articulación y posicionamiento para relacionarse con otras partes”, explica, haciendo referencia a casos como Freirina, Pascua Lama y Dominga.

Eduardo Valente sostiene que la asimetría en los vínculos aún persiste como obstáculo para el diálogo. “Las comunidades cuentan hoy con más información, pero aún falta equiparar la relación en todo ámbito, para que los actores tengan un mismo nivel de influencia al momento de definir estrategias compartidas”, advierte.

“Hay que dejar de interactuar con ellas desde la pobreza o las necesidades, para reconocerlas como motores de desarrollo social”, concluye el director de Proyecto Propio.

Nueva institución pública

La constitución de una Agencia de Diálogo Territorial es el eje de la propuesta final que la alianza Valor Minero presentó al Gobierno, como culminación de su trabajo durante dos años, que involucró a organizaciones sociales, ambientales, laborales, gremiales y académicas.

Según el contenido de la propuesta, esta nueva instancia pública contaría con las siguientes características e instrumentos de acción:

  • Autonomía financiera y de funciones.
  • Fondo específico para sustentar un proceso de diálogo inclusivo y representativo.
  • Coordinación de un equipo de facilitadores y mediadores certificados.
  • Sistema de resolución de controversias.
  • Evaluación de calidad para asegurar el cumplimiento de objetivos y estándares.

“El SEIA está sobre exigido, por eso la idea es que gestione sólo el análisis de lo que es técnico y medioambiental, poniendo en otro carril -igual de importante- los acuerdos colaborativos de desarrollo territorial para que esta agencia pueda darles seguimiento”, explicó Danae Mlynarz, gerente del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT).