Artículo gentileza de WWW.LATINOMINERIA.COM, del Grupo Editorial Editec.

Una mirada crítica respecto del momento político que vive Perú y la forma en que ello podría afectar la percepción de los inversionistas, posee Luis Marchese, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). La preocupación de Marchese tiene lugar en medio de una crisis política que en marzo terminó con la renuncia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En medio de este clima, el instituto canadiense Fraser dio a conocer los resultados de su ranking sobre las jurisdicciones más atractivas para invertir, donde Perú nuevamente logró escalar posiciones.

El líder gremial destaca el avance que ha presentado Perú en dicha encuesta en los últimos dos años, aunque reconoce que es necesario seguir avanzando en ámbitos como la vinculación de la industria con las comunidades, infraestructura y los temas de seguridad.

¿Cómo la industria minera afronta el escenario político que vive el Perú, con la renuncia del Presidente Kuczynski?

El tema macro político del Perú sí es algo que puede estar afectando a las inversiones. Esperamos e invocamos a la clase política del país a que termine con esta incertidumbre, y que podamos tener un ambiente en el cual los inversionistas nos sintamos más tranquilos.

¿Cuál es su visión sobre el avance que registró Perú en el ranking elaborado por el Instituto Fraser?

En el Best Practices Mineral Potential Index seguimos moviéndonos hacia arriba, lo cual es bueno, pero es un incremento marginal, de la posición 17 a la 14. En el Índice de Percepción Política pasamos del 54 al 43, lo cual ha llevado a que este sea el segundo año en que subimos, del puesto 46 al 28. Así, en el índice general (Investment Attractiveness Index) ahora estamos en el lugar 19 (de 91).

Como toda encuesta, es un índice de percepciones, que demuestra que el Perú cada vez es percibido, comparativamente, como un buen lugar para invertir en minería.

En el Índice de Percepción Política estamos mejor en disponibilidad de mano de obra, lo cual es reconocido por la industria en general; también lo estamos en materia de barreras comerciales, gracias a los acuerdos de libre comercio. Finalmente tenemos una buena posición en temas de incertidumbre relativa a la administración, interpretación y aplicación del reglamento vigente.

El Gobierno ha estado trabajando para mejorar la situación de incertidumbre que vivíamos antes; sin embargo, todavía tenemos dificultades para llegar a acuerdos con las comunidades.

En estos momentos, por ejemplo, tenemos partes del país con estado de emergencia, como el corredor del concentrado de Las Bambas, que lleva varios meses en situación de suspensión de algunas garantías, lo que demuestra que la situación de seguridad por ahí no es muy razonable. Tenemos que seguir trabajando en estos temas, pero en lo grueso, no deja de ser satisfactorio que por segundo año consecutivo hayamos subido nuestra posición.

¿Cuáles son los ámbitos de acción que deberían ser abordados en el corto plazo?

Las comunidades. Si bien en el Perú hemos desarrollado un importante know how en la última década sobre cómo relacionarnos tanto con las comunidades como con las autoridades locales, todavía queda camino por recorrer. Lo positivo es que la industria minera y las autoridades en el Perú están cada vez más capacitadas para afrontar estos retos. Lo anterior no quita que haya que seguir trabajando con la población para mejorar la percepción que tiene sobre esta industria.

La calidad de la infraestructura es otro punto. En algunos lugares del país aún es muy limitada, lo que añade un costo bastante alto a los proyectos.

¿Qué impacto tiene la definición del concepto de cabecera de cuencas?

El tema de las cuencas es una legislación que venía de 2009, donde se mencionaba en la ley de recursos hídricos que algunas cabeceras de cuenca podían ser denominadas intangibles. Lo que ha hecho el Congreso es pedirle a la Autoridad Nacional del Agua que defina cómo se podría aplicar esta norma. Entendemos que en el Ejecutivo se está trabajando.

Nosotros tenemos una posición sobre el tema, creemos que de implementarse una normativa, deben tomarse en cuenta criterios de vulnerabilidad, de compensación, y que la intangibilidad debe ser un caso extremo, muy particular, para poder limitar actividades productivas, sea la que sea, en ese lugar.