“Han sido meses de trabajo intenso”, comenta Juan José Obach, secretario ejecutivo de la recientemente creada Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), sobre el proceso de poner en marcha esta nueva entidad, responsable de apoyar a las grandes iniciativas de inversión en el país.

En esta entrevista con MINERÍA CHILENA plantea que están armando una nueva institución dentro del Estado y eso siempre trae consigo desafíos: “Tenemos un mandato presidencial muy claro: que el Ministerio de Economía se haga cargo de la coordinación de los proyectos de inversión, y eso nos ha facilitado la instalación y el trabajo del día a día”.

El personero puntualiza que actualmente son un equipo de diez personas a tiempo completo y que ya han tomado contacto con todas las empresas que están en el catastro de proyectos de inversión, así como con las oficinas y entes estatales que tienen que ver con la tramitación de permisos.

Como parte de los hitos de este periodo Obach subraya también, que la Contraloría ya tomó razón del decreto que crea la GPS.

Presentación Oficina GPS

¿Cuál es el trabajo que pretende realizar la GPS para lograr disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos?

Hay que tener muy claro el rol de la Oficina, que es de coordinación. Desde el Ministerio de Economía, y en particular desde la GPS, no tenemos ninguna potestad legal para aprobar o rechazar un proyecto. Una inversión tiene que tramitarse por diversas oficinas a nivel estatal, muchas de las cuales, por su propio giro, no tienen la visión completa; se preocupan de ver cuánto se demora su permiso, cómo va su gestión…

Hemos jugado un rol muy importante en facilitar el diálogo entre los titulares y los servicios que evalúan; sirve mucho para aunar criterios. Tanto desde el mundo privado como público hay cierta reticencia a juntarse mientras los proyectos están en evaluación; ahí hemos encontrado un espacio de mejora bien grande.

¿Cuántos entes pueden participar en la tramitación de permisos?

Hemos identificado diez oficinas, servicios, que tienen a cargo la emisión de algún permiso o autorización. Esto va desde el Servicio de Evaluación Ambiental, que funciona como ventanilla única para todo lo que tienen algún carácter ambiental, y es una parte muy importante del proceso, pero luego de obtener la Resolución de Calificación Ambiental los proyectos también se enfrentan a una serie de permisos sectoriales. Es en esta parte donde hay más espacios grises, donde no están claros los criterios, y en cierta medida es donde el inversionista está más solo.

Por lo que han detectado hasta ahora, ¿dónde están los principales cuellos de botella?

Más que poner nombres, diría que hay algunas instituciones que tienen toda la voluntad de cumplir con los plazos que establece la ley, pero no pueden por un tema de recursos, por ejemplo, de dotación de evaluadores. También hemos visto que hay procesos que son muy engorrosos, como la obtención de concesiones marítimas, que tiene que pasar primero por las gobernaciones marítimas, después se va a las subsecretarías de las Fuerzas Armadas… este trámite muchas veces demora hasta años.

En casos como ése o que vean duplicidad de esfuerzos ¿van a poder sugerir cambios?

Tenemos otro mandato claro, que es hacer recomendaciones de política pública para mejorar el sistema. Con la misma fuerza que estamos gestionando los proyectos actualmente en tramitación, estamos mirando cuellos de botella; qué problemas tiene el sistema, para proponer mejoras. Y éstas  pueden ser a tres niveles: legislativo, que requieran de algún proyecto de ley;  reglamentario, que impliquen la modificación de algún decreto; o cambios de gestión.

Otro punto importante es que el Presidente mandató a la Comisión Nacional de Productividad para que evalúe toda la legislación en torno a los proyectos de inversión. De este estudio, que pretendemos tener los primeros resultados a inicios del próximo año, esperamos que vengan recomendaciones concretas de cuál es el grado de coherencia en la normativa actual.

Compromiso claro 

¿Qué requisitos debe cumplir un proyecto para que cuente con el apoyo de la Oficina?

Tenemos contemplados todos los proyectos por sobre US$100 millones. Eso no significa que descartemos otras iniciativas; entendemos que hay proyectos que pueden ser de un monto menor, pero que son muy importantes para las regiones donde se emplazan; obviamente también los estamos mirando.

Además, es importante mencionar que tanto el Ministerio de Energía como el de Minería cuentan con equipos que están apoyando proyectos.

¿Cómo se están coordinando con ellos?

Nosotros nos estamos enfocando en los grandes proyectos; en minería diría que en aquellos que producen más de 50.000 tcf al año, y el equipo de ese ministerio se enfoca más en los de mediana y pequeña minería. También nos acompañan a las reuniones con las grandes empresas… Para los privados es una muy buena noticia saber que en la mesa está sentado un ministerio sectorial, en este caso Minería, pero también Economía, porque eso habla que desde esta Administración hay un compromiso claro.

¿Tienen definidas algunas metas?

Es complejo definir metas cuando no hay una línea de base clara. Tenemos un buen registro dentro de la tramitación ambiental, pero eso es sólo parte del proceso.

Estamos trabajando en conjunto con el BID para hacer un estudio que nos permita levantar una línea de base para saber efectivamente, dentro de una muestra representativa, cuánto se demoran (los permisos) y a partir de eso tratar de disminuir.

Pero tienen una idea general de la cantidad de permisos y plazos…

Es muy importante distinguir entre tipos de permisos y trámites (un permiso puede demandar varios trámites). ¿Qué es lo que hemos visto? En minería casi todos los proyectos grandes tienen que hacer más de mil trámites. Y el tiempo de tramitación es cuatro a cinco años.

Los ejemplos de Canadá y Australia

Para la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables se tomó en cuenta los modelos de Canadá y Australia. Juan José Obach menciona que la experiencia del país del norte es un ejemplo que han visto con atención: “La oficina de Canadá se instaló en 2007, y diría que los desafíos que tenían hace diez años son muy similares a los que hoy enfrentamos. Ellos fueron capaces de disminuir los tiempos de tramitación de los grandes proyectos de cuatro a dos años, respetando todas las leyes medioambientales y toda la relación que tienen con las comunidades”, comenta.

La oficina canadiense tiene una dotación de unas 20 personas y maneja una cartera de alrededor de cien iniciativas.

En el caso de Australia, Obach explica que tienen una oficina federal y distintas sedes a nivel estatal. “Conversamos con la del Estado de South Australia y nos comentaban que veían solamente siete proyectos, pero el grado de involucramiento es mucho mayor: hacen una formulación económica del proyecto en conjunto con los titulares de la inversión. Nosotros estamos cien por ciento en la etapa de tramitación, ése es nuestro enfoque”, matiza.