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Un mal precedente

Lo que sí llama la atención es el hecho que en la mayor compañía minera privada del país exista una fractura tan grande que haya hecho imposible acercar posiciones y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio.

Al cierre de este número de MINERÍA CHILENA continuaba sin solución ni luces de un eventual acercamiento, la huelga que afectaba desde el 9 de febrero a Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo y responsable de cerca de un 20% de la producción nacional.

La decisión de presionar las negociaciones hasta llegar a este punto, así como lo prolongado de la paralización, no tomó por sorpresa al mercado. De hecho, se anticipaba que éste iba a ser un proceso particularmente complejo y duro, para el cual ambas partes, tanto el Sindicato 1 como la empresa –operada por BHP Billiton– se habían estado preparando.

Prueba de ello es el fondo de contingencia que crearon los trabajadores, así como el posterior acuerdo con una cooperativa de crédito local para el préstamo por cerca de $1,5 millón al mes con una tasa de interés de alrededor del 1%.

Lo que sí llama la atención es el hecho que en la mayor compañía minera privada del país, líder en productividad en su área y con algunas de las mejores condiciones salariales y laborales, exista una fractura tan grande que haya hecho imposible acercar posiciones y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Situación que se vio repetida en los posteriores esfuerzos de mediación impulsados por la Dirección del Trabajo regional.

Resulta imposible no comparar este escenario con lo ocurrido a fines de diciembre último en la División Chuquicamata de Codelco, donde en el marco de una negociación colectiva anticipada, se llegó exitosamente a un acuerdo con los sindicatos 1, 2, 3, 5, Antofagasta y Minero. Siguiendo los lineamientos de austeridad aplicados por la Corporación ante la actual coyuntura, el convenio considera 0% de reajuste; un bono por término de negociación de $4.350.000 (un 40% del monto entregado en el proceso anterior); y no contempla préstamos blandos.

A juicio de diversos analistas, en el caso de Escondida la intransigencia mostrada por trabajadores y la administración recogería, en parte, el objetivo de quedar en mejor pie ante la próxima entrada en vigencia de la nueva ley laboral. Esto, ya que dentro de las modificaciones de la normativa se incluye que ahora el piso de negociación será el último contrato colectivo firmado, salvo que de mutuo acuerdo las partes decidan rebajarlo porque las condiciones económicas de la empresa así lo justifiquen.

Pero más allá de estas consideraciones, lo complejo de lo ocurrido en Escondida es que no se trata de cualquier actor; por su relevancia en la economía nacional tiene un impacto que trasciende el ámbito de esta empresa.

De hecho,  se prevé que la huelga afectará negativamente los indicadores de actividad del país correspondientes a febrero, a lo que se suma que las utilidades que deje de percibir la minera –que tuvo que declarar Fuerza Mayor para hacer frente al incumplimiento de sus compromisos comerciales– se traducirán en menores ingresos para el Fisco.

Pero junto con ello, la paralización y los bloqueos realizados por el sindicato golpean a las empresas contratistas y otra serie de actores vinculados con el quehacer de esta operación. Según estimaciones de Aprimin, del orden del 50% de las empresas contratistas en Chile tiene relación con Escondida, en tanto que la minera detallaba en su último Reporte de Sustentabilidad que contaba con 5.846 trabajadores contratistas y vínculos comerciales con 1.328 proveedores locales, los cuales se podrían ver afectados financieramente.

Por todo esto, más allá de la justicia o no de las razones esgrimidas por ambas partes en esta negociación colectiva, la incapacidad de diálogo que han mostrado constituye un mal precedente para el sector y el país.