Esta publicidad se cerrará en segundos Cerrar

Tarea para el nuevo Gobierno

Los últimos años no han sido fáciles para la industria, que desde fines de 2014 tuvo que enfrentar un “bajón” en los precios de los commodities, que se extendió hasta mediados de 2017. Para sobreponerse al golpe que vino después del boom, las compañías mineras se vieron obligadas a reducir costos e incluso hacer importantes reestructuraciones para componer su performance financiero, afectado por un alto nivel de endeudamiento. Sólo unas pocas empresas siguieron invirtiendo, mientras la gran mayoría decidía dejar en suspenso proyectos millonarios, ante la presión de sus accionistas.

Hoy, con el precio del cobre en recuperación y la deuda más controlada, puede pensarse que existen condiciones propicias para retomar las inversiones en el sector; sin embargo, éstas ya no parecen ser suficientes. Las políticas gubernamentales, la certeza jurídica, las dificultades para obtener la “licencia social para operar” son factores que cada vez pesan más en las decisiones de cuánto y dónde invertir.

Al respecto, este año Chile recibió una mala noticia, al caer 28 lugares en el Ranking del Instituto Fraser –que evalúa el atractivo de los países para la inversión minera–, ubicándose en el puesto 39, y por primera vez detrás de Perú. Sin duda, fue un llamado de atención que preocupó a la industria, por el temor de que el país sea desplazado por otras plazas en el repunte del ciclo.

[Es de esperar que iniciativas como el Programa Nacional de Minería Alta Ley y Alianza Valor Minero perduren en el tiempo.]

Lamentablemente, el caso Dominga vino a profundizar este deterioro en la certidumbre que ofrece Chile al inversionista, donde a pesar de existir un informe técnico favorable –del Servicio de Evaluación Ambiental–, la iniciativa terminó rechazándose, primero en la comisión regional respectiva –en una votación dividida, que fue dirimida por el intendente– y luego por el Comité de Ministros, cuya apresurada convocatoria terminó provocando la salida de los entonces ministros de Hacienda y Economía. La señal que se dio es que un proyecto, aun cuando cumpla con los parámetros técnicos, corre el riesgo de ser rechazado en instancias donde pueden primar criterios de otra naturaleza.

En general, el diagnóstico es compartido en el sector: se requiere de una estructura que dé un renovado impulso a la minería. Dentro de las prioridades que se han planteado figura la creación de una oficina que gestione la tramitación de grandes proyectos, establecer una institucionalidad de diálogo permanente con las comunidades, fortalecer al Ministerio de Minería, propiciar un buen uso de la propiedad minera, viabilizar el desarrollo del litio para no perder la posición de privilegio que en este mercado tiene Chile, entre otras.

Si bien al cierre de la presente edición aún no se zanjaba la contienda electoral por la Presidencia de la República, da cierta tranquilidad que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez los candidatos hayan trabajado en programas mineros definidos que, con matices, recogen las inquietudes y propuestas de la industria. Asimismo, es de esperar que, independiente de quién resulte electo, iniciativas como el Programa Nacional de Minería Alta Ley y Alianza Valor Minero, que están aportando una mirada transversal a los desafíos del sector y dando pasos concretos en su superación, perduren en el tiempo.

El nuevo Gobierno tendrá la tarea de generar una Política Minera con visión de largo plazo, en la que se sustente el futuro desarrollo de la principal actividad económica del país.