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Institucionalidad cuestionada

Con lo sucedido cobra relevancia la necesidad de contar con una institucionalidad ambiental independiente del gobierno de turno, que opere exclusivamente con criterios técnicos.

En pleno Mes de la Minería la industria supo del rechazo al proyecto minero-portuario Dominga por parte del Comité de Ministros, desatando no sólo reacciones de preocupación en el sector, sino también una crisis al interior del propio Gobierno. Tras la resolución de la entidad, y principalmente por la premura con que la evaluación de la iniciativa fue puesta en tabla –sólo dos días antes los secretarios de Estado fueron informados que votarían sobre Dominga–, los titulares de Economía y Hacienda cuestionaron la forma de proceder, lo que finalmente terminó con la salida de Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés del Gabinete.

La revisión de Dominga por parte del Comité de Ministros fue solicitada por el titular del proyecto, Andes Iron, luego que el 9 de marzo la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo rechazara la iniciativa, en una votación dividida que fue dirimida por el intendente.

Ya en esa oportunidad la decisión de la instancia regional fue cuestionada no sólo por el gremio minero, sino también por especialistas, toda vez que la desaprobación se dio a pesar de un informe técnico favorable del Servicio de Evaluación Ambiental. “Terminamos demostrando al mundo que la incerteza (regulatoria) es efectiva”, manifestó en su momento el presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Álvaro García.

Desde el Gobierno, y en el marco de la Cena Anual de la Minería 2017, la Presidenta de la República manifestó que de diez proyectos evaluados por el Comité de Ministros durante su actual administración, nueve fueron aprobados, lo que demuestra –a su juicio– que hay una institucionalidad que opera. La Mandataria instó además a elevar los estándares “para que los proyectos buenos sean aprobados”.

Con todo, la iniciativa de Andes Iron será otra que terminará judicializándose, dado que la empresa presentaría una nueva reclamación ante el Tribunal Ambiental.

Ya en marzo pasado la encuesta del Instituto Fraser advertía sobre las dificultades que estaban percibiendo los inversionistas mineros respecto de Chile –que se tradujeron en una caída de 28 puntos en el ranking–, entre ellas la incertidumbre regulatoria y la creciente judicialización de proyectos.

Lamentablemente, el caso Dominga viene a confirmar esta percepción, sembrando dudas sobre la forma en que las instancias resolutivas evalúan y zanjan los proyectos, cuestionamientos que se generan a partir de la naturaleza de las mismas, que es más política que técnica.

Con lo sucedido cobra relevancia la necesidad de contar con una institucionalidad ambiental independiente del gobierno de turno, que opere exclusivamente con criterios técnicos.

Porque el alza del precio del cobre no basta para la reactivación de proyectos. Para ello es imprescindible contar con un marco jurídico claro, que dé garantías a los inversionistas.

Tanto el Consejo Minero como Sonami –en línea con Alianza Valor Minero– están promoviendo la creación de una oficina de gestión y tramitación de grandes proyectos, para mejorar la coordinación y eficiencia de los procesos de evaluación y permisos. La medida es parte de las propuestas que están presentando a los candidatos presidenciales, con miras a la próxima elección. Habrá que ver cuán receptivos serán los postulantes a la Presidencia y si los inspira una mirada cortoplacista o de largo plazo. Por de pronto, han coincidido –según se vio en el Foro de Voces Mineras– en la necesidad de modernizar el sistema de evaluación de proyectos.