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Deterioro de la Imagen País

Seguir estando en la categoría de “país elegible” exige coherencia y consistencia en las políticas públicas, recuperar las confianzas y priorizar una mirada de largo plazo.

Mientras Chile sube en los rankings como destino turístico, baja en las mediciones como plaza atractiva para los inversionistas, especialmente mineros. Así lo ha venido revelando la encuesta del Instituto Fraser durante los últimos años: si en 2013 el país resultó cuarto entre las jurisdicciones más interesantes para la inversión minera, fue perdiendo terreno progresivamente hasta la significativa caída del último año, al retroceder 28 puestos para ubicarse en la posición 39, por primera vez después de Perú, que nos superó por once lugares.

Si bien los encuestados consideraron factores geológicos en su evaluación, también pesaron los efectos de políticas gubernamentales, aumentando entre los inversionistas la preocupación por la incertidumbre regulatoria en Chile.

La alerta que puso el ranking Fraser motivó la reacción de los principales gremios –Sonami y Consejo Minero–, que advirtieron sobre la necesidad de generar las condiciones para recuperar el atractivo como destino de la inversión minera, porque, de lo contrario, Chile podría ser desplazado rápidamente por otras regiones cuando el ciclo empiece a repuntar.

Un nuevo caso que vino a alimentar la incerteza que hoy está afectando la materialización de inversiones en el país, es el rechazo sufrido por el proyecto Dominga, que tras seguir una larga tramitación ambiental y tener un informe favorable del organismo técnico ad hoc, fue impugnado por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, en fallo dividido. Llama la atención que en el proceso de revisión previo no hubiese comentarios en contrario de personeros que luego emitieron un voto negativo en la instancia evaluadora regional, situación que hace pensar que en vez de los antecedentes técnicos, pudieron haber primado prejuicios e intereses.

Otro elemento que se añade a la preocupación por el clima de incertidumbre, es la señal que deja la huelga de Escondida, fundamentalmente en dos dimensiones: la laboral y la institucional. En la primera, queda el precedente de una relación trabajadores-empresa tensa, donde los intentos no fueron suficientes para acercar posiciones y llegar a acuerdo, y en que la compañía tuvo que paralizar proyectos estratégicos al verse impedida de acceder a las obras, con el consiguiente efecto sobre los contratistas. Y en el plano institucional, queda una sensación de indefensión, toda vez que ante la toma de caminos y accesos, no hubo intervención de la autoridad para resguardar el Estado de Derecho.

Tras 43 días de huelga legal, ésta terminó con una última oferta de la empresa que no tuvo respuesta de la dirigencia sindical y con los trabajadores acogiéndose al artículo 369 del Código del Trabajo, con lo cual se extiende el convenio colectivo vigente por otros 18 meses, sin bono por término de conflicto ni reajuste salarial. En definitiva, un proceso donde todos pierden. Como declaró el presidente de Sonami, Diego Hernández, esto trajo consecuencias negativas para la empresa, que debió paralizar sus operaciones y dejó de producir; para los trabajadores que, después de una larga huelga, se quedan sin bonificación ni reajuste; para la economía, cuyo crecimiento se verá afectado; para el Fisco, que recibirá menos ingresos procedentes de esta operación minera; y para la imagen país, en un contexto de cautela entre los inversionistas.

Seguir estando en la categoría de “país elegible” exige coherencia y consistencia en las políticas públicas, recuperar las confianzas y priorizar una mirada de largo plazo. Sólo por esa vía se evitará un mayor deterioro en la percepción de Chile.