En 2012 el total de proyectos mineros a construir o ampliaciones de yacimientos existentes sumaban US$106.000 millones a 2020. A fines de 2013 se indicó que la cifra bajaba a US$70.000 millones y hace poco fue nuevamente reducida a solo US$40.000 millones.
¿Por qué? El principal motivo es la energía, puesto que cada nuevo proyecto, incluida la impulsión de agua, necesita aproximadamente 100 MW. De hecho, el total de la inversión de US$106.000 millones requería un consumo nuevo de aproximadamente 2.500 MW. Aunque esta nueva demanda estuviese disponible hoy y la restante dentro del periodo, las generadoras ofrecían contratos al precio marginal. Aún más, los contratos vigentes con el sector minero se han renovado también a ese precio en los últimos tres años. Puede que el precio “spot” sea razonable, pero lleva asociada gran incertidumbre para los inversionistas que no quieren agregar una más a su estructura de costos, por sobre la incertidumbre permanente que este negocio per se tiene en el precio del cobre.
La variable energía ha postergado grandes inversiones, pero tal como señalo, es la principal, pero no la única.
El sector minero también ha tenido que enfrentar la judicialización de proyectos que no elimina la inversión, pero sí la posterga por meses y años, siempre y cuando al final del proceso el fallo sea favorable. La legalización ambiental también extiende los plazos: cuando lo normal en un proyecto minero era de menos de un año, hoy supera con creces ese periodo.
En el último tiempo, además, se han agregado las incertidumbres que generan las reformas tributaria y laboral que, sin duda, impactarán negativamente los proyectos que ya están evaluados. Estos dos efectos se pueden mitigar en parte por el Gobierno, inversionistas y trabajadores conjuntamente, incorporando medidas que permitan mejorar la productividad por persona, que en los últimos diez años ha tenido un deterioro en el sector minero de un 80%, según el Índice de Productividad del sector que publica el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes) de la Universidad Católica.
Concluyo que de la canasta de proyectos asociados a los US$106.000 millones, algunos dejarán de ser rentables con las nuevas reglas del juego y los que sí lo son se van a materializar una vez que se resuelvan los efectos citados en esta columna y siempre que Chile siga siendo un país muy competitivo para hacer minería, y que las inversiones sean bienvenidas para beneficio de todo el país, como lo ha palpado cada chileno con el crecimiento sostenido de la economía por más de 30 años.
No se debe olvidar que el desarrollo de Chile desde hace 150 años ha tenido a la minería como su principal fuente de ingreso y generación de empleo. En el siglo XIX fue la plata, luego el salitre y desde 1920 el cobre, al cual aún le quedan muchas décadas para aportar al bienestar del país. Cada dólar invertido en la minería del cobre genera aproximadamente US$3 a la actividad económica del país. Por ello, la aprobación de fondos de parte del Gobierno para los proyectos estructurales de Codelco es bienvenida, porque será el inicio de la recuperación del sector e impactará positivamente a toda la economía.