Hoy nadie discute que la evolución del gasto interno de China explica el fuerte desplazamiento de la demanda por cobre y, por ende, de su precio. Este subió, en promedio, de US$1 por libra en la década de los años noventa a US$3,258/lb en el periodo 2006-2012. Las empresas de la gran minería aprovecharon esta coyuntura para aumentar significativamente sus utilidades y remesas al exterior. En los años 2011 y 2012 las empresas socias del Consejo Minero reportaron utilidades antes de impuestos de US$$15.000 millones cada año, tributaron (por renta de 1ª categoría e impuesto específico a la minería) alrededor de US$3.500 por año y remesaron al exterior US$ 13.000 millones, considerando en conjunto los dos años.
Como lo he planteado en diversos artículos y foros, parte importante de las altas utilidades generadas por estas empresas se explican por el efecto precio y no por mejoras de gestión, incorporación de tecnología de punta o de cualquier otra acción imputable a la administración. Se trata de utilidades extraordinarias, no previstas, que debieran beneficiar al dueño de los recursos y no solo a los que los explotan. Una alternativa razonable es compartir 50/50 dichas utilidades. Esta tasa es más baja que la equivalente a la que las empresas pagan hoy en Australia y algunas jurisdicciones de los Estados Unidos.
Lo que pase a futuro con el precio y la cantidad demandada de cobre dependerá fundamentalmente del comportamiento de la economía de China. En efecto, si la economía china crece en los próximos años en torno al 7,5% anual, meta recientemente reiterada por las autoridades pertinentes, y el resto de las economías del mundo lo hace en promedio al 3% anual, el consumo de cobre crecería al 5% anual. Si este fuere el caso, el precio podría volver a superar los US$4 por libra, porque difícilmente la oferta podría satisfacer la creciente demanda. Para cerrar la brecha sería necesario incrementar la oferta en 800.000 toneladas cada año, lo que a la fecha parece casi imposible de lograr.
Como debiera ser obvio, nadie puede anticipar el futuro, pero sí se pueden identificar probables riesgos y oportunidades. Legislar para incorporar el principio de que las utilidades extraordinarias (independientemente del sector o empresa que las genera) deben ser gravadas, impacta favorablemente la equidad, la asignación de recursos y la recaudación.
Si se hubiere aplicado la tasa del 50% a las utilidades extraordinarias (utilidad operacional que excede el piso del 30% de los ingresos operacionales) que efectivamente generaron, en conjunto, las empresas del Consejo Minero, se hubiere recaudado en el periodo 2010-2012 el equivalente a US$9.685.000, vale decir, US$3.228.000, en promedio año. Estos fondos son parte del patrimonio de todos los chilenos y solo debieran utilizarse para financiar proyectos de la más alta prioridad, como la reforma integral de la educación.
Permitir que las grandes empresas extranjeras o nacionales se apropien de rentas que corresponden a los chilenos no tiene explicación ni justificación alguna.