En 2017 el precio del cobre alcanzó a US$2,8 la libra, un 27% más alto que en 2016 (US$2,2/lb), dejando atrás una secuencia negativa desde 2013. Además, el Presupuesto de la Nación se hizo con un precio de US$2,88/lb, y cada centavo de mayor precio significa alrededor de US$60 millones de ingresos adicionales para el Estado.
Por otra parte, en las próximas semanas tendremos una nueva coalición política en el Poder Ejecutivo de nuestro país y es interesante analizar qué podría significar para la minería chilena en los años venideros, esta combinación de mejores precios y nueva dirección política.
Lo primero es aclarar que la minería es una actividad cíclica, que se mueve por factores macroeconómicos globales que van más allá de la contingencia nacional, ya sea ésta política, económica o de otro factor. Es cierto que no da lo mismo quien gobierne en un país, sin embargo, desde el retorno a la democracia, Chile ha tenido la madurez necesaria para progresar, teniendo de por medio gobiernos tanto de centroizquierda como de centroderecha.
En lo que respecta a la minería en el mundo, hay diversas proyecciones de los principales desafíos para este 2018. Los más repetidos son: capital para inversión; temas regulatorios; licencia social para operar; reemplazo de los recursos minerales; y productividad. Nuestro país no se escapa a estos desafíos, y agrega otros: capitalización de Codelco, Política Minera de Estado y avance en I+D+i.
Si analizamos los desafíos globales, reactivar la inversión en minería es clave para Chile. El programa de gobierno de la próxima administración considera una “oficina de gestión de proyectos de inversión” y el estudio de un “estatuto con garantías de estabilidad”; ambas acciones ayudarán, pero no serán suficientes por sí solas para reactivar la inversión. Se debe trabajar, entonces también, en los otros ítems.
En temas regulatorios, hoy tenemos un sistema engorroso, burocrático, sin certeza jurídica, y que se traduce en más de 500 permisos sectoriales para poder llevar adelante un nuevo proyecto; por ello se debe redefinir nuestra actual normativa, de modo de acercarnos a estándares de países como Australia o Canadá.
Respecto de la licencia para operar, el tema regulatorio ayudará en este ámbito, y se debe agregar que parte importante de los fondos del royalty minero se quede en las regiones en las cuales hay minería.
En lo relativo al reemplazo de los recursos mineros, en 2017 el número de permisos de exploración fue un 24% menor que el año anterior y es el mínimo desde 2007. Además, el Instituto Fraser, que anualmente mide el atractivo minero de los países, nos ubicó en el lugar 39 (en 2012 estábamos en el lugar 4). Es claro que tenemos que mejorar el acceso a la propiedad minera y a la información geológica del país.
El último tema global es la productividad, la cual está asociada directamente a los costos, los que en los últimos años subieron más que los de nuestros competidores, por lo que debemos evitar que con la reciente subida del precio del cobre, se vuelva a gastar sin grandes controles, como ha ocurrido históricamente en situaciones similares.