Nuestro país está viviendo un proceso de importantes transformaciones, lo que entre otras cosas ha significado que las instituciones que hasta hace poco tiempo contaban con credibilidad e influencia, estén hoy sumidas en un desprestigio generalizado por parte de la ciudadanía. Las empresas no se escapan de esta percepción, principalmente aquellas que desarrollan actividades o proyectos industriales, especialmente en el escenario actual de cuestionamiento a la relación entre el dinero y la política.
El descontento ciudadano se ha masificado; las comunidades se han empoderado y organizado con el objetivo de hacer sentir sus demandas y preocupaciones, que trascienden a los intereses económicos, y que finalmente logran una poderosa resonancia en la opinión pública. ¿Quiénes se han visto afectados con esta efervescencia social? Principalmente, empresas y proyectos, además de autoridades y la propia institucionalidad.
En el ámbito de los proyectos de inversión, las organizaciones sociales manifiestan su descontento en temas relacionados con el uso de los recursos naturales, los impactos ambientales y, principalmente, la escasa participación en las decisiones que les incumben y la falta de diálogo con las empresas. Estas últimas deben encausar sus esfuerzos en construir relaciones comunitarias y generar valor compartido con sus vecinos, donde las utilidades del negocio vayan a la par del progreso social y el desarrollo sostenible de las comunidades que las acogen como invitadas.
Hoy el desafío está en hacerse cargo de los impactos en la sociedad, relacionarse en forma transparente con la comunidad, identificar nuevas oportunidades e incrementar la competitividad, y, al mismo tiempo, colaborar en el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales de los vecinos.
El valor compartido empresa-sociedad no consiste en destinar parte de los recursos a acciones filantrópicas; se trata más bien de redefinir el propósito de las relaciones comunitarias y encontrar oportunidades de negocio escondidas en problemas del entorno. El valor compartido no es una misión en el corto plazo, y quienes lideran las empresas deben ser conscientes de ello: no considerarlo como un “gasto”, sino como una inversión que va de la mano con el éxito del negocio.
Por ello la importancia de ampliar la visión estratégica, y situar el tema comunitario y ambiental en el centro mismo de la gestión empresarial. Si todas las empresas hicieran esto, su percepción en el entorno sería otra, lo mismo que su reputación. Al momento de integrar al entorno de forma participativa y transparente permitirán la generación de valor compartido, al reducir las paralizaciones y la judicialización.
El desafío en este sentido debe ser ambicioso, donde las empresas apunten a mejorar su relación con todos sus stakeholders, elevando los estándares de comportamiento corporativo. Y esto se debe enfocar en la relación con sus vecinos, los trabajadores, los accionistas y organismos reguladores, todos los cuales deben ser parte de la ecuación al evaluar un proyecto y así no encontrarse con sorpresas en el camino. Por ello, se requiere de mucha flexibilidad, anticipación y una visión progresista de los negocios, para convivir de manera constructiva con una sociedad empoderada.