La crisis financiera en Codelco y el destape de los casos de corrupción asociados a los recursos de la ley reservada del cobre en el Ejército, han elevado al máximo la discusión sobre el traspaso que cada mes debe hacer Codelco por el 10% de sus ventas al exterior a las Fuerzas Armadas para adquisiciones de armamentos.
Hoy, cuando resulta insostenible mantener esta ley, el debate público se llena de fantasmas y distorsiones. Por un lado, existe el temor de que superar la ley reservada menoscabe a las Fuerzas Armadas y con ello se genere un riesgo para la seguridad del país. Por otro lado, un amplio sector del país parece creer que todos los problemas de Codelco se resolverían sin esta ley.
Este es el momento para que el país demuestre su madurez, resolviendo esta situación a través de una evolución tanto en materia de gestión de empresas públicas como de manejo democrático de su seguridad nacional. En efecto, es necesario reconocer que la ley reservada del cobre es una mala solución para un país con el nivel de desarrollo que ostenta en el concierto internacional de naciones, incluyendo su membresía a la OECD. La ley reservada del cobre pudo funcionar bien por décadas, mientras alcanzaban los recursos que se extraían de las grandes minas –Chuquicamata y El Teniente especialmente, hoy en manos de Codelco-, sin afectar su competitividad, situación que ya no es posible. Y también esta ley funcionó mientras Chile fue un país de ingreso relativamente bajo, en el cual la compra de armamentos era un tema de extrema complejidad, con el agravante de relaciones entre militares y sociedad civil que no siempre estaban revestidas de confianza.
Por lo anterior es que este precario sistema, concebido como una solución imperfecta en el marco de un país subdesarrollado, no puede ser continuado a menos que se estime –a modo de vergonzosa confesión-, que el Chile actual no es capaz de contar con un sistema mejor.
Lo que está en juego por tanto es la posibilidad de evolucionar en dos aspectos simultáneamente. Por una parte, Codelco sin la obligación de la ley reservada, no sólo puede dejar atrás las rigideces financieras que le significa, sino que daría un paso más en el camino hacia ser entendida y considerada por el Estado como una empresa autónoma y profesional y no como su vaca lechera. Es cierto que Codelco aún debe recorrer un camino largo para llegar a contar con un estatus plenamente profesional e independiente, pero es este el único que asegura su viabilidad en el largo plazo como empresa pública.
Por otro lado, la oportunidad para las Fuerzas Armadas es la de evolucionar hacia una vinculación financiera con el Estado que se base en una relación de confianza y largo plazo, de acuerdo a su rol en las necesidades del país. Ciertamente este es un tema sensible, ya que es verdad que no abunda la visión de largo plazo en el mundo político, pero ya es demasiado tarde para intentar evitar esta discusión. La crisis de Codelco y el destape de la corrupción agotaron las holguras.
La superación de la ley reservada del cobre, anunciada para fines de este año, permitirá evaluar cuán maduro está nuestro sistema democrático y nuestro Estado. Y sabremos si hay visión y voluntad suficiente para permitirle a Codelco avanzar hacia condiciones que aseguren su competitividad en la industria mundial del cobre así como para construir una relación más madura con las Fuerzas Armadas.
La presente columna fue publicada por el autor en La Tercera: http://www.latercera.com/voces/codelco-militares-capaz-chile/