“La ejecución de proyectos no puede tardar años, eso nos restaría competitividad, el Estado tiene que hacer su parte”. La declaración la hizo el Presidente de Perú, Ollanta Humala, al clausurar Perumin 2013, cuya presencia en la convención fue antecedida por varios ministros de su gobierno, quienes resaltaron el impacto que la minería ha tenido en el crecimiento económico local y destacaron las ventajas comparativas que a su juicio ofrece este país para la inversión extranjera, entre ellas, los costos de la energía.
Sería inédito que en Chile se produzca un despliegue oficial de esas características para apoyar a la minería, a pesar de lo que representa esta actividad para nuestra nación: más de 16% del Producto Interno Bruto, casi un 60% de los montos exportados totales y un peso gravitante en los ingresos fiscales (con un promedio de 19% en los últimos cinco años).
Contrario a lo que pudimos ver en Perú, donde una de las principales preocupaciones del Gobierno es garantizar un sistema eléctrico confiable para el crecimiento del sector minero, identificándose una cartera de proyectos energéticos por US6.000 millones hacia 2020, en Chile, si bien la cifra estimada es similar, la situación de incertidumbre generada por la judicialización y permisos excesivos para estas inversiones, está impidiendo su materialización. Y esto perjudica directamente a la minería.
Desde hace unos 10 años Chile ha venido bajando progresivamente en los rankings mundiales de competitividad. Según el más reciente informe del Foro Económico Mundial, en 2013 nuestro país bajó de la posición 33 a la 34 dentro de un total de 148 evaluados, habiendo llegado en 2004 al lugar 22. Entre las variables consideradas por el estudio está la inversión en innovación, calificada como pobre para una nación que apunta a ser desarrollada.
Al respecto, el economista Patricio Meller ha hecho ver la influencia que tiene la innovación en la competitividad de un país, puntualizando que la mitad del crecimiento económico es atribuible al uso de tecnología moderna y a la innovación tecnológica.
Sin embargo, en este punto en Chile nos encontramos nuevamente con señales contradictorias: el cierre del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, Cimm, que tuvo un rol preponderante en labores de investigación y formación de recursos humanos especializados para la minería, con el fin de mantener y elevar el nivel tecnológico del sector. Aunque podría decirse que en las actuales condiciones la entidad no tenía mayor proyección, bien pudo haberse evaluado su reestructuración y potenciamiento para acompañar el desarrollo minero con conocimiento propio.
Llama la atención que en el escenario en que estamos, marcado por la futura contienda electoral, estos temas no sean parte de las agendas de los candidatos a la Presidencia de la República. Lamentablemente, y es un fenómeno a nivel de país, suele verse a la minería solo como un “ente proveedor”, que no tiene mayores dificultades y que siempre estará detrás para aportar el “sueldo de Chile”.
No se han sopesado las consecuencias negativas de tener una minería menos competitiva y menos atractiva para los inversionistas, debido a la indefinición y falta de compromiso de las actuales y futuras autoridades sobre materias tan relevantes como son un suministro energético confiable y un programa de innovación tecnológica con recursos significativos. No solo el liderazgo minero del país está en juego, sino también su desarrollo de mediano y largo plazo.