(La Tercera / Pulso) La sombra de José Miguel Julián González aún enciende las alarmas en Codelco. El empresario, exsocio de Nelson Felipe Pizarro Contreras, hijo del expresidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro Contador, y cuestionado por el contrato que obtuvo en Salvador, sigue vinculado con la minera, con un nuevo contrato adjudicado en diciembre de 2018 y que para la estatal es esencial para permitir la viabilidad operativa del yacimiento ubicado en la III Región y que Codelco opera desde 1959.

Se trata del proyecto Sabe, San Antonio Baja Escala, que permite traer minerales oxidados desde la llamada mina Vieja, en San Antonio, hasta el actual rajo. La decisión de asignar el proceso a una nueva empresa creada por Julian González la tomó el propio Nelson Pizarro, la que reconoce y califica de “muy compleja” y para la que pidió la aprobación, por escrito, de cinco gerentes y vicepresidentes de la cuprera, además del contralor interno, Mario Orellana. “Fue una decisión de negocios”, reconoce a Pulso Domingo, Pizarro Contador.

Mantener el vínculo con Julián González complica a la minera. Esto, luego del reportaje que emitió Canal 13, donde al conocido ejecutivo minero se le sindica como un actor relevante en la compra de un inmueble por parte de su hijo a González en la zona de Chicureo, y por la cual, según la investigación periodística, se habrían cancelado solo $ 70 millones, mientras su avalúo es de $ 670 millones. Por el caso, el expresidente ejecutivo de Codelco ha tenido que retomar la exposición pública, la que abandonó en septiembre pasado tras su salida de la minera, pero ahora por un hecho judicial que él califica como erróneo y que falta a la verdad, pues aseguró mediante una declaración pública, que por la casa ubicada en las Brisas de Chicureo se habrían pagado más de $ 700 millones.

El caso, conocido en la minera hace más de un mes, gatilló que el directorio en pleno pidiera una investigación interna, la que terminó con una denuncia realizada el martes 22 de octubre ante el Ministerio Público, por indicios de un posible conflicto de interés por parte de Nelson Pizarro, quien entregó parte de ese capital a través de un préstamo a la señora de su hijo. La investigación hoy la lleva el fiscal Jaime Retamal, conocido por su rol en los casos farmacias y cascadas, y sindicado como un fiscal experto en temas de corrupción.

Desde que se conoció la denuncia en la minera, los ánimos estaban alicaídos y, de hecho, en los pasillos de la compañía ya se hablaba de un nuevo “davilazo”. Por eso, el directorio lideró la investigación interna, la que realizó un estudio de abogados externos. Los datos recabados fueron presentados a la mesa de la cuprera, la que mostró su malestar, indican fuentes de la compañía, debido al apoyo “a todo evento” que había recibido Nelson Pizarro durante su gestión entre septiembre de 2014 y septiembre de 2019. Por eso, algunos directores esperan que el caso se siga conversando en la próxima cita ordinaria que tendrá la mes el jueves 28 de noviembre. Esto, porque para esa fecha ya se prevén avances en la investigación que lidera Retamal, el que recién habría recibido el caso el martes 5 de noviembre.

Conflicto de interés

Las alertas de un posible conflicto de interés por parte del expresidente ejecutivo de la minera se encendieron en 2016, tras una denuncia de los propios trabajadores de Salvador. Esto, porque Felipe Pizarro Contreras y José Miguel Julián González fueron socios en Servicios Asesorías e Inversiones JP Maq. Ltda., vínculo que terminó en enero de 2010 y que se aclaró al interior de la compañía luego de dos auditorías internas que fueron solicitadas por el propio Nelson Pizarro. La llegada de Julián González a Codelco se da el año 2015, a través de Indak, empresa que se ganó un contrato por movimientos de tierra y material en Salvador tras el aluvión que afectó ese año a la zona norte del país. Pero su rol en Codelco fue escalando en el tiempo dentro del proyecto Sabe. Y es el que, hasta al menos julio de este año, aún lo mantenía dentro de la estatal a través de otras sociedades. Esto, pese a los problemas de insolvencia de su firma Indak, compañía que hoy está quebrada, y también a los conflictos que se generó con la licitación del Servicio de Carguío y Transporte de Minerales San Antonio, proceso que se generó a fines de 2017 y que fue investigado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por los vicios en la licitación y por errores de cálculo en el plan minero que generó la adquisición de más equipos de los necesarios.

Mientras eso sucedía en Codelco, en una vereda distinta Pizarro Contreras y Julián González cerraban el millonario negocio inmobiliario en la comuna de Colina. La operación, señalan cercanos a Nelson Pizarro, se genera en 2014, meses antes de que el expresidente ejecutivo asumiera su cargo en la estatal. En tanto, la construcción de la vivienda finalizó en julio de 2015 -un mes antes de la llegada de Indak a Codelco- y el Conservador de Bienes Raíces autoriza el cambio de propiedad del inmueble el 24 de septiembre de ese año. Toda una reconstrucción de los hechos, cuentan las fuentes, que ha estado recabando el propio Pizarro para enfrentar la investigación del Ministerio Público y para la cual ya contaría con una fuerte asesoría legal.

Pero el tema principal y que genera molestia al interior de Codelco, es que Nelson Pizarro no declaró esa operación. De hecho, ese fue el mensaje que envió el lunes pasado la compañía en una declaración pública donde señala que “sin una declaración voluntaria de éste (Nelson Pizarro), Codelco no tenía modo de conocer los antecedentes revelados por Canal 13”. Esto, pese a todos los cambios en el sentido de transparencia y probidad que la estatal lideró durante los últimos años y que encabezó en su momento el entonces presidente del directorio, Óscar Landerretche.

Viabilidad de Salvador: “Fue el mal menor”

El tema que aún queda abierto es por qué Codelco mantuvo hasta julio de este año el vínculo con José Miguel Julián González, pese a todos los cuestionamientos. La respuesta la entrega el propio Nelson Pizarro, quien al ser consultado indica que “me vi enfrentado a una solicitud de extender el contrato del consorcio (Transporte San Antonio) por algunos meses, porque la presencia productiva de Salvador depende importantísimamente de ese transporte de mineral. Sin ese transporte, la mina tendría que cerrarse. A mí se me plantea de esa forma. Y en ese momento, yo pido más información y más rigurosidad en la información”.

¿Cómo hace efectiva esa mayor rigurosidad?

-La decisión (de aprobar la continuidad del contrato) la solicita la gerencia de la división -liderada por Christian Toutin-, y pasa por el filtro del vicepresidente de Operaciones Norte, Álvaro Aliaga y el filtro del vicepresidente de Productividad y Costos, José Robles, y frente a eso yo sigo con las dudas y prefiero no aprobarla, y me pregunto: “¿Qué hago?”. Entonces, consulto al contralor de Codelco, Mario Orellana, quien emite el visto bueno. Ante eso, hablo personalmente con Mario Orellana y me dice que él no tiene objeciones. Entonces, se me vuelve a plantear que este es un tema de negocio crítico y fundamental para la permanencia de Salvador, porque los minerales que se bajaban tienen una participación importante en asegurar una producción en torno a 50-60 mil toneladas de cobre. Esa es la razón.

¿Mantener ese contrato y el vínculo de Julián González en Codelco era el mal menor?

-Exactamente. Es sí o no, si es no, bajamos la cortina.

¿A pesar de ese escenario crítico y de esa decisión tan compleja que tuvo que tomar para mantener la viabilidad de Salvador, usted no informó que en el año 2014 su hijo estaba haciendo una transacción con el dueño del 50% del contrato que está manteniendo viva la división Salvador?

-Yo estimaba que la relación de conflicto de interés no existía y tal es así que el propio planteamiento de Codelco habla de indicios de un eventual conflictos de interés, es ambiguo.

¿Esa ambigüedad le genera cierta tranquilidad?

-Obviamente. La tranquilidad que tengo a pesar del sinsabor que está viviendo mi familia, que es extremo y que ha implicado a niños chicos que espero que no queden traumados (…) Yo estaba convencido de que esto terminó el 24 de septiembre (de 2015), cuando el Conservador de Bienes Raíces inscribe la casa.

¿Usted sabía que Julián González estaba detrás de Consorcio Transportes San Antonio?

-Yo sabía que estaba el mismo caballero que había sido socio de mi hijo. No puedo negarlo, es así. ¿Por qué sabía eso? Porque yo me involucré para saber cuándo había terminado esa sociedad. Tengo los papeles y esos papeles están en poder del Ministerio Público, Codelco lo entregó y yo me preocupé de impulsar, reconstruir y de obtener esa documentación.