(El Mercurio de Antofagasta) Una serie de acciones judiciales y administrativas, ejecutará en los próximos días el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), con el objetivo de detener el avance de un nuevo proyecto para producir litio en el Salar de Atacama.

Así lo adelantó el presidente de esa organización, Sergio Cubillos, quien aseguró que esta semana recurrirán al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para intentar revocar la decisión que autorizó al titular del proyecto, la minera canadiense Wealth Minerals, a comenzar una campaña de exploración sin necesidad de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

«Esta semana vamos a concretar esa presentación. Nosotros creemos que el servicio omitió algunas acciones importantes en la evaluación de la consulta de pertinencia, como oficiar a la Seremi de Medio Ambiente, y no tomó en consideración que la exploración a realizarse está emplazada en un sector cercano a un santuario de la naturaleza», explicó Cubillos.

Sobre ese punto, es necesario recordar que el Consejo Regional aprobó solicitar explicaciones al SEA, sobre su decisión de dejar a la Seremi de Medio Ambiente fuera de la consulta de pertinencia solicitada por Wealth Minerals.

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Adicionalmente, el representante de las comunidades atacameñas advirtió que recurrirán al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), para detener una iniciativa que -según su visión- no cuenta con las autorizaciones necesarias para ejecutarse.

«Es el ministerio de Minería a través de un Contrato Especial de Operación del Litio el que debe dar la autorización para que ese proyecto se concrete y eso no ha ocurrido, por lo tanto vamos a presentar la queja al SEA, pero también iremos a la justicia ambiental porque esta empresa pretende hacer la exploración sin el contrato requerido», dijo.

Además de las dos acciones antes descritas, Cubillos aseguró que esta semana el CPA se sumará al recurso de protección presentado hace unos días por la Comunidad de Coyo en contra del SEA y su director regional, Ramón Guajardo.

La acción judicial fue motivada por la resolución 207/2019 de la repartición de gobierno, mediante la cual desestimó el ingreso al Seia del proyecto «Campaña de exploración de minerales no metálicos en el Salar de Atacama», de la minera canadiense.

Según la presentación legal, la resolución del SEA estaría afectando derechos fundamentales como el derecho a la integridad psíquica; igualdad ante la ley; a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y de propiedad.

El abogado patrocinante de esa causa, Jaime Araya, explicó que esta semana la Corte de Apelaciones de Antofagasta debería informar respecto de la fecha en que se materializarán los alegatos, lo que dependerá de si se acoge una acción del SEA que solicitaba ampliar los plazos.

Desde la minera se han defendido explicando que el proyecto en cuestión consiste en un único sondaje de exploración, que no considera pruebas de bombeo, ni extracción de salmuera.

«El proyecto sólo contempla extraer pequeñas muestras de la misma para analizar su composición química. La tecnología que se utilizará corresponde a la técnica de perforación sónica, la cual no requiere la utilización de agua y por tanto, es menos invasiva ambientalmente que otras disponibles», explicaron en un comunicado.

Asimismo, detalló que la plataforma requerida para la exploración no se ubicará en ningún sitio Ramsar ni dentro del polígono de la Laguna Tebenquinche.

«Es más, para evitar efectos no deseados ambientalmente, se seleccionó cuidadosamente un punto de exploración en una zona externa al sitio ampliado del Ramsar, tal como se planteó en la documentación proporcionada al SEA».