De acuerdo con el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), Matías Poblete, la Ley 21.015- que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral- no realiza indicaciones para consagrar, asegurar o entregar lineamientos para la inclusión de las personas en situación de discapacidad.
Pese a eso, asegura que es cierto que el eje central de la normativa apunta a que dichas personas tengan un trabajo digno y de calidad. «Establecer la obligatoriedad de realizar una reserva legal de empleos permite la presencia y a la participación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo, que es una parte importante del engranaje de la inclusión». De todas maneras, enfatiza en que a partir de la norma vigente, se despliegan otras instancias de discriminación hacia los trabajadores.
Desafíos
Si bien la normativa tenga un cumplimiento del 92% al primer año de implementación, de acuerdo con el gobierno, Poblete no considera que sea una garantía de que las empresas están realizando una completa inclusión laboral.
«Hoy, las más de 12.000 personas con discapacidad que se han incorporado al mundo del trabajo, suplieron su necesidad productiva, con la existencia de la ley 21.015, pero esto -de acuerdo con el experto- ha dado pie a que se generen otras necesidades, relacionadas con los apoyos que dichas personas deben recibir y que no están recibiendo en la mayoría de los casos».
El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad plantea que las personas en situación de discapacidad tienen el derecho a recibir los ajustes razonables, lo que no significa que estén al criterio del empleador. Más bien, corresponde a ajustes necesarios para que dichas personas puedan acceder y participar en igualdad de condiciones.
Discriminación y menoscabo
De acuerdo con Matías Poblete, «lo cierto es que muchas empresas han cumplido con la reserva legal del 1%, aunque no han generado los cambios razonables, lo que podría traducirse en hechos de discriminación o menoscabo laboral, y que podrían generar en un futuro próxima una alta tasa de rotación o de deserción laboral».
Por otro lado el líder de la organización asegura que, existen procedimientos realizados por parte de las empresas que vulneran los derechos de las personas en situación de discapacidad, al momento de realizar las acciones de reclutamiento y selección, toda vez que bastantes empresas discriminan por tipo o grado de discapacidad, por diagnóstico médico y por prejuicios.
Desde la FChD manifiestan que lo anterior surge a partir del desconocimiento de la situación de discapacidad y de las concepciones previas que existen en torno a la tipología de diagnósticos y a experiencias previas, «que muchas veces nada tienen que ver con la realidad».
Estrategia de la fundación
«La FChD -comenta- ha adoptado una estrategia que beneficia tanto al empleador como a la persona en situación de discapacidad, ofreciendo servicios gratuitos de intermediación laboral, asesorías y capacitaciones destinadas a las empresas y, también servicios de formación laboral y empleo con apoyo para este grupo objetivo».
De esta manera, la organización busca establecer un círculo virtuoso que tiene como objetivo que la inclusión laboral sea una realidad en la compañía, poniendo en marcha planes estratégicos, con una programación en curso dentro de un tiempo adecuado y que apunte a transformar la organización en un espacio laboral inclusivo sin factores de riesgo para la rotación, deserción, accidentes laborales, o asuntos de accesibilidad.