(Pulso) El gerente general de Mina Invierno, Sebastián Gil, aclaró que aún existen resoluciones pendientes que podrían evitar la paralización total del yacimiento, pero enfatizó que si el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, falla en contra de la empresa, y mantiene la prohibición de realizar tronaduras, el cierre se realizará a fines de octubre o principios de noviembre.
En este sentido recordó que ante esta situación a inicios de junio el directorio de la compañía tomó la decisión de ir deteniendo gradualmente los equipos que ya no tienen donde operar, proceso en el que la etapa más notoria ocurrió ayer, cuando se terminó de detener la flota de equipos que extraen el material estéril, es decir, toda la sobrecarga de tierra y roca que está encima del carbón.
Gil afirmó que “en estos momentos ya no estamos en condiciones de seguir ejecutando eso sin utilizar la técnica de la tronadura, y, por lo tanto, lo que nos queda de aquí para adelante es solamente extraer el carbón remanente que queda en la mina, que es muy poco, y con esto se terminarían deteniendo las operaciones a fines de octubre o comienzos de noviembre, a menos que logremos revertir la medida cautelar dictada por el tribunal”.
Al respecto el ejecutivo recordó que en estos momentos hay tres recursos presentados por la empresa, el sindicato de la empresa y el Servicio de Evaluación Ambiental, en los cuales se pide levantar la medida caultelar, pero que además el Tribunal se debe pronunciar sobre el tema de fondo y dar un fallo final.
“El tribunal se puede pronunciar sobre las medidas cautelares cuantas veces quiera, dependiendo de los recursos que se presenten, son decisiones provisorias del tribunal mientras se resuelve el fondo, no hay un pronunciamiento todavía respecto de la materia de fondo, sólo esta decisión provisioria, que en la práctica eso si, significa detener por completo la faena minera”.
Asimismo indicó que “respecto de la medida cautelar existen tres recursos presentados, por la empresa, sindicatos de la empresa, y el SEA, y todos plantean más o menos lo mismo, en algún momento el Tribunal se va a pronunciar respecto de esos recursos, y en algún momento, no tenemos una fecha, va a a haber una resolución de fondo”.
En 2016, la compañía solicitó un permiso ambiental para operar con tronaduras, y pese a obtener la autorización y el respaldo del Servicio de Evaluación Ambiental -y a haber realizado ya 43 tronaduras- la justicia ambiental emitió hace dos semanas una medida cautelar prohibiendo tal actividad, a espera de la sentencia definitiva que ya está en acuerdo y que se espera para los próximos días.
Según Ezio Costa, director ejecutivo de Fima -uno de los grupos opositores a la faena-, el caso muy posiblemente terminará en la Corte Suprema. “El procedimiento no está resuelto todavía, sino que está en acuerdo, por lo que aún no se publica la sentencia”, comentó.