(El Mercurio de Valparaíso) Un amplio análisis realizó el exsubsecretario del Medio Ambiente del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Jorge Canals de la Puente, abogado de la Universidad Católica de Chile, quien definió los puntos críticos del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví y las medidas que tiene que implementar el Estado por el fallo de la Corte Suprema.
En este sentido, destacó la herramienta medioambiental que permite regular las emisiones contaminantes en las tres comunas, pero ahondó en que aún hay necesidades que se deben suplir en Concón, Quintero y Puchuncaví, sobre todo por el fallo del máximo tribunal del país, que reconoció que el Estado no ha dado las respuestas suficientes para mejorar las condiciones de esa zona. Uno de los factores que cuestionó es que, a su juicio, aún existe mucha dependencia de las empresas para tener información.
«Me parece que seguimos dependiendo mucho de la información entregada por las propias empresas, siendo por consiguiente necesario fortalecer la capacidad de monitoreo del Estado, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema respecto a las protecciones interpuestas durante las últimas crisis», aseveró Canals.
Respecto de la nueva herramienta medioambiental en la zona precisó que «sin duda que es una buena noticia tener un plan de descontaminación que permita congelar todas las emisiones de la zona y establecer reducciones de material particulado (que ya venían tendencialmente a la baja), dióxido de azufre y óxido de nitrógeno en los plazos establecidos», al igual que la norma de dióxido de azufre.
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Pero reconoció que «evidentemente, no es suficiente considerando el contundente pronunciamiento de la Corte Suprema en sede de protección, sin perjuicio de que algunas de las medidas ordenadas en dicho fallo parecen exorbitantes o difíciles de cumplir, por ejemplo, el traslado de la población vulnerable en presencia de ciertos niveles de contaminación».
Puntualizó que la tardanza para aplicar las medidas que solicitó la Corte Suprema al Ejecutivo «es un problema estructural del Estado arrastrado por años», lo que no se produciría con el retraso para determinar los contaminantes en la bahía de Quintero dado los episodios de intoxicación detectados en agosto y septiembre del año pasado.
«Lo que sí estimo ha presentado una demora es la claridad en determinar los orígenes de la crisis a través de los monitoreos respectivos». Y ante esto precisó que «una buena medida sería la actualización de todas las Resoluciones de Calificación que existen en la zona».
Norma de fundición e impuesto verde
Además de la actualización a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) a las empresas, el exsubsecretario Jorge Canals precisó que «hay que discutir de frente la necesidad de una nueva norma de fundiciones que permita establecer la viabilidad de la fundición de Ventanas y la necesidad de nuevas inversiones o traslados al respecto», además de «destinar lo recaudado en la zona por concepto de impuesto verde a financiar y restablecer los planes de recuperación ambiental y social elaborados previamente».