(El Mercurio) A comienzos de la administración de Sebastián Piñera se le encomendó a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) un estudio, con el objetivo de analizar la coherencia regulatoria para el desarrollo de proyectos de inversión en actividades económicas claves, de manera de proponer simplificaciones en áreas críticas.
Una primera parte de este levantamiento regulatorio se dio a conocer a fines del año pasado. Ahí se estudió la situación de 15 tipos de proyectos asociados a sectores relevantes, principalmente medidas por el flujo de inversión y que tuvieran un potencial de crecimiento. Estos fueron agrupados en cinco sectores: Minería, Energía, Infraestructura, Inmobiliario, e Industria.
«Se constató la existencia de 400 tipos de permisos necesarios para el desarrollo de los proyectos en los sectores analizados», señala el presidente de la CNP, Raphael Bergoeing. Los proyectos que necesitan la mayor cantidad de permisos son los de explotación minera, con 213.
La segunda etapa del proceso consistió en analizar el estado de permisos prioritarios para el desarrollo de la inversión. Entre los principales problemas identificados por la CNP para el desarrollo de inversiones está el bajo nivel de eficiencia en la tramitación de permisos y la incerteza jurídica.
Eficiencia: exceso en plazos
Bergoeging comenta que el principal problema asociado a la baja eficiencia en la tramitación de permisos es el tiempo involucrado en su otorgamiento.
A modo de ejemplo, la Comisión consideró 23 permisos regulatorios prioritarios en los cinco sectores de inversión. A partir de esto, el estudio identificó las causas que explican el alto tiempo en la tramitación de permisos que, según el caso, podría llegar a superar los mil días hábiles; por ejemplo, para la construcción de obras hidráulicas mayores en la DGA.
La primera razón de la demora, señala Bergoeing, se asocia a la capacidad de gestión de los servicios. «Esto está asociado a la falta de seguimiento en los procesos, lo que impide identificar adecuadamente los ‘cuellos de botella'», explica. A esto se suma la falta de digitalización de procesos y trámites, advierte Bergoeing.
También detectaron que hay casos en que puede haber normativa inexistente o confusa. «225 de 400 permisos identificados no tienen plazos legales para el otorgamiento», destaca.
Agrega que hay requerimientos para tramitación poco claros y que tan solo 14 de los permisos priorizados establecen en alguna plataforma web las exigencias para su tramitación.
Sin embargo, también hay problemas desde las empresas; por ejemplo, en la información entregada por los titulares. «Se ha reportado que, en algunos casos, la calidad de la información entregada por los titulares requiere observaciones por parte de los servicios, lo que provoca interaciones (innecesarias), extendiendo los tiempos de tramitación», explica.
En este sentido, agrega: «Hay una culpa compartida, pero desde la mirada de la política pública, que busca cambiar lo que se puede cambiar, hay aspectos que son bien claros que pueden ser mejorados en los servicios públicos, con el objetivo de eficientar este proceso y acercarnos a lo que hacen Canadá y Australia (países con estructura productiva similar a la chilena)».
Con todo, el economista advierte que lo fundamental no es reducir los estándares regulatorios, «sino que es garantizar que sean adecuados, que permitan balancear crecimiento y sustentabilidad».
Certeza jurídica: dificultad creciente
El otro problema asociado al desarrollo de las inversiones es la certeza jurídica. «Existe evidencia que da cuenta de que este tema se ha convertido en una dificultad creciente y potencialmente compleja», señala Bergoeing.
Esto, según identificó la Comisión de Productividad, se manifiesta, por ejemplo, en la falta de previsibilidad respecto de los criterios para la admisibilidad y otorgamiento de un permiso. Además, se añade la poca claridad en las vías para impugnar permisos, lo que genera decisiones contradictorias, aumentos en los niveles de judicialización y falta de claridad respecto al momento en que el permiso no podrá ser dejado sin efecto.
«Es difícil prever los criterios que utilizarán las autoridades para aprobar los permisos», sostiene.
Otra dificultad que acentúa esta problemática, según explica Bergoeing, es que la actuación de «buena fe» del titular no garantiza que los permisos no sean anulados una vez iniciada la construcción u operación del proyecto. Por otro lado, se detectó que existen cambios de criterios jurisprudenciales.
A modo de ejemplo, en un permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) -que puede llegar a triplicar el plazo legal de la tramitación-, uno de sus principales problemas se deriva en la falta de certeza respecto a su estabilidad en el tiempo.
«La ley no se ha pronunciado respecto de quién ha de asumir el costo económico de la invalidación del permiso, ni qué ocurre con las obras ejecutadas al amparo de un permiso de edificación que luego fue anulado», explica Bergoeing. Y ejemplifica: «Existen diversos casos que dan cuenta de ello: Hotel Punta Piqueros, proyecto Desarrollo Inmobiliario Bellavista o el Mall Barón».
Junto con este levantamiento de información, la CNP recogió diversas recomendaciones internacionales. Además, a partir de este martes comienzan con una serie de audiencias en las que darán a conocer estos resultados.