(La Tercera) La grave situación de sequía que vive el país se mantiene silenciosa, pero latente. Así lo muestran diversos informes de la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que dan cuenta de la real situación de déficit de agua en gran parte de Chile.

Entre ellos, reportes pluviométricos revelan que el registro de precipitaciones a marzo de este año, en comparación con el promedio de lluvias registrado entre 1981 y 2010, evidencia un déficit de 100% desde Antofagasta a Los Andes. Entre Valparaíso y Linares fluctúa entre 84% y 91%, en Concepción llega a 63% y en Puerto Montt a 52%.

En medio de este escenario, sobre gran parte del centro-norte del país el MOP ha decretado zonas de restricción o prohibición de entrega de nuevos derechos de aprovechamiento de agua, debido a que su disponibilidad está en riesgo o se ha detectado el agotamiento de las aguas superficiales, como caudales de ríos y niveles de lagunas. Existen decretos de zonas de escasez hídrica vigentes en la mayoría de las provincias de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Como explica el director de la DGA, Óscar Cristi, “la menor disponibilidad de agua se debe en gran parte al cambio climático y al aumento en la frecuencia y duración de las sequías, y también al sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento por parte del Estado, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y las mayores necesidades para el consumo humano y otras actividades”.

Por su parte, la experta en cambio climático del Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD), Andrea Cabezas, coincide con ese diagnóstico y enfatiza que estos fenómenos “tienen efectos negativos en las comunidades, afectando la provisión de agua para el consumo humano y la producción. También ha aumentado la vulnerabilidad de grupos más expuestos, como las mujeres y la población rural”.

Proyectos

Para revertir esta situación, el MOP y otras entidades idean posibles fórmulas para asegurar la disposición de agua para consumo humano y riego agrícola. “Estamos trabajando para dar soluciones definitivas a los problemas sociales, ambientales y económicos, con una política hídrica que tiene como prioridad el agua para el consumo humano”, asegura Cristi.

En este plano, el MOP cuenta en 2019 con una inversión de $ 114 mil millones para construcción, conservación y mejoramiento de puntos de agua potable rural (APR) y desarrolla un plan de compra de derechos de agua para ponerlos a disposición de dichos APR. La iniciativa ya comenzó a implementarse en la provincia de Petorca. Además, la cartera ha priorizado la construcción de 26 embalses para las regiones entre Arica y La Araucanía, con una inversión de US$ 6 mil millones.

Por otra parte, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), también se han implementado iniciativas. Una de ellas busca la distribución de un tester ciudadano para medir la concentración bacteriológica del agua potable rural y determinar si es apta para consumo humano. Además, se trabaja en una planta desalinizadora de bajo costo para aprovechamiento de las aguas marinas en Concepción.

El vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, advierte que “si no tomamos las medidas necesarias, para fines de siglo se prevén pérdidas importantes en el sector agrícola que pueden mermar la producción de alimentos en más de 50% a 2050, lo que afectará la biodiversidad y ejercerá fuertes presiones sobre la infraestructura del país”.

Desde el sector privado también se han levantado propuestas, y entre las más ambiciosas se cuentan las de la “carretera hídrica”, que busca trasladar agua desde ríos del centro y sur de Chile a las regiones del norte. Una de ellas, Aquatacama -de la compañía francesa Vía Marina- fue enviada al Sistema de Concesiones del MOP en diciembre del año pasado, mientras que la propuesta de la Corporación Reguemos Chile entraría a la cartera para evaluación a fin de este mes.