(Pulso) Sorprendida y consternada. Así se mostró la canadiense SNC Lavalin, luego de que Codelco informara que había decidido poner término anticipado al contrato que mantenía con la compañía para construir, mediante un contrato de US$ 260 millones firmado en 2016, las obras necesarias que permitirán que la fundición de la División Chuquicamata cumpla con la nueva norma de emisiones, que entró en vigencia en diciembre del año pasado y que dado su incumplimiento, ha implicado que la fundición de la división del norte no esté operativa, generando pérdidas que según algunas fuentes podrían alcanzar los US$ 100 millones, pero que la minera ha cuantificado en alrededor de US$ 40 millones.

[Nota relacionada: Codelco pone término a contrato con SNC Lavalin y toma control de obras en Fundición Chuquicamata]

Así, dicho conflicto ha implicado que la cuprífera asuma el control de esas obras, que haya cobrado dos boletas de garantía por un total de US$ 80 millones y también, que haya iniciado un arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Sin embargo, no es el único problema que ha enfrentado la estatal en el último tiempo. El año pasado, por ejemplo, tuvo roces con la italiana Astaldi, que ya fueron superados. Eso, dado a que dicha compañía enfrentaba problemas financieros en su matriz por deudas de unos US$ 2 mil millones, que podían perjudicar las iniciativas que desarrollaba en Chile, precisamente en los proyectos Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina de El Teniente, ambos claves para la estatal.

En este caso, Codelco también ejecutó boletas de garantía por unos US$ 60 millones asociadas a dichos contratos. Sin embargo, poco después el problema fue solucionado, ya que se logró renegociar los acuerdos, lo que permitió dejar las obras fuera de riesgo ante un eventual proceso de quiebra en Chile o Italia.

Otro de los conflictos que ha registrado la estatal con uno de sus contratistas en el último tiempo, es el que se registra con el Grupo Prado en la División El Salvador, donde hay incertezas que se están analizando incluso en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y que tienen relación con un contrato de movimiento de tierra y mineral, donde existirían cifras poco claras y cuestionamientos cruzados sobre las responsabilidades respecto a exceso de costos y errores en el plan minero.