(Pulso) Hace unos días, Julio Ponce llegó hasta la Corte de Apelaciones. Es que luego que el 7 de febrero el 34° Juzgado del Crimen de Santiago no diera lugar al sobreseimiento definitivo en el proceso que mantiene a Ponce y a su hermano Eugenio enfrentados con extrabajadores de SQM, su abogado Marcelo Torres decidió apelar apuntando a que la acción penal se encontraría prescrita incluso antes de interponerse la querella, “por haber transcurrido más del doble del plazo legal de prescripción”, aludiendo al lapso comprendido entre 1983 y 1990, dice Torres.

Si bien tal apelación se discutirá durante los próximos días, el fiscal a cargo, Jorge Norambuena, ya entregó su análisis. Y su conclusión fue clara: agotar la investigación antes de sobreseer.

En un escrito de dos páginas, el fiscal acotó que hay que establecer con claridad el sustrato fáctico de los antecedentes, porque la querella interpuesta el 17 de octubre de 2016 da cuenta de una serie de circunstancias y hechos acaecidos en diferentes fechas, que si bien comienzan a gestarse el año 1983, para determinar la fecha de su consumación se citan algunas fechas más recientes, como que en 2013 se modificaron ciertas sociedades que permitieron un mayor control, como asimismo, en la querella también se dan cuenta de otros hechos que habrían acontecido hasta 2015.

Lo anterior dice relación con una querella que hace casi tres años interpusieron cientos de ex trabajadores de la minera no metálica, que acusan a los hermanos Ponce de estafa y apropiación indebida.

El pasado 5 de marzo, de hecho, Ponce declaró ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago. En dicha oportunidad, tal como informó Pulso, Ponce dijo que “no tuve participación alguna en el proceso de privatización de Soquimich, toda vez que fui nombrado el año 1987 como director de Soquimich con los votos de American Express”. Con esto, descartó haber sido parte del proceso de privatización de la minera no metálica en la década de los 80.

Los extrabajadores aseguran haber sido engañados en los inicios de la conformación de las llamadas sociedades cascadas. Esto, dado que entregaron las acciones que poseían en SQM -que habían adquirido a través de un proceso de negociación y cuyo fin era un fondo de indemnización- a la creación de la Sociedad Pampa Calichera, con la promesa de recibir más tarde más acciones de la minera.

Con esos movimientos, Pampa Calichera se convirtió en el accionista mayoritario de SQM, con casi el 20% de la propiedad. Sin embargo, el problema vino cuando las acciones fueron prendadas a cambio de préstamos con bancos para obtener más papeles de la minera no metálica, siendo el compromiso, según los demandantes, el que una vez pagados los créditos bancarios para adquirir las acciones se procedería a disolver Pampa Calichera, entregándoles a los trabajadores 3,8 acciones de SQM por cada acción aportada al negocio. Esto, según la querella, nunca ocurrió, generándoles perjuicios por unos US$ 78 millones.