(La Segunda) Tras 8 años de búsqueda de permisos ambientales, la semana pasada la minera Delfín, ligada al economista Hernán Büchi, al empresario Claudio Segura y al desarrollador turístico Víctor Petermann, perdió la paciencia y retiró su proyecto de cobre de tramitación en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA).
En una escueta carta enviada a la autoridad ambiental, el gerente general de la minera, Claudio Segura solicitó bajar la iniciativa “Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado”. El desarrollo buscaba remover 1.200 toneladas al día de mineral mediante el método subterráneo de explotación, equivalentes a una producción de 12 mil toneladas de sulfato de cobre al año. De acuerdo a los datos entregados por la compañía a la autoridad, la inversión proyectada asciende a US$17 millones.
A nivel ejecutivo, la minera descartó entregar declaraciones y sólo se limitó a confirmar el desistimiento del proyecto que buscaba su permiso desde el 19 de febrero de 2013. Entre los obstáculos que enfrentó en estos años, está el rechazo del Gobierno Regional de Antofagasta el 22 de febrero de 2016 y la decisión del Comité de Ministros de la Presidenta Bachelet que obligó a la iniciativa a someterse a un proceso de consulta indígena, proceso que fue culminado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 27 de noviembre de 2017.
Sin embargo, la comunidad de Peine, distante a 7 kilómetros del proyecto ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, decidió restarse del proceso de consulta y luchar directamente contra el proyecto argumentando que no existen las garantías para el desarrollo sustentable del proyecto.
En su último informe a la autoridad, Claudio Segura descarta efectos patrimoniales producto de las tronaduras que involucraría la iniciativa y presentó estudios antropológicos, los cuales fueron cuestionados por la comunidad de Peine, la Seremi de Desarrollo Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Consultada la dirección del Servicio Ambiental de Antofagasta, sostuvieron que “el desistimiento no se debe a dificultades actuales impuestas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Como se indicó el proyecto debía cumplir con la orden impuesta por el Comité de Ministros y en ese sentido, nuestra institución debe hacer cumplir la normativa ambiental vigente”.
Mirada experta
El director de la Fundación Desierto de Atacama, Alonso Barros, plantea que “el gran problema del proyecto, para ojos de la comunidad, era que afectaba a la forma de vida de ellos en temas de pastoreo y en utilización de agua”.
A pesar de haber desistido en el SEIA, la empresa no ha renunciado a sus derechos sobre el mineral, lo que le permitiría presentar un nuevo proyecto.
“Ahora, la minera deberá evaluar si presenta un nuevo proyecto y toma esta experiencia como un “diagnóstico” que le permita abordar limpiamente una nueva evaluación o definitivamente renuncia a la inversión. Es una decisión que depende exclusivamente de ellos”, explica el ex fiscal del Ministerio del Medio Ambiente, Jorge Andrés Cash.