(Economía y Negocios online) En abril se cumple un año desde que la Ley de Inclusión Laboral entró en vigencia. Impulsada por el gobierno anterior, estableció que el primer año las empresas con 200 o más trabajadores debían tener dentro de su planta un 1% de personas con discapacidad. Hasta ahora, de las 2.996 firmas con esta característica, un 83% ha cumplido con la normativa. Así lo informó ayer el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en una visita a la Lavandería Industrial 21, fundación sin fines de lucro que emplea a jóvenes con síndrome de Down de la Región del Biobío.

De los 10.476 contratados en el país, un 66,6% son hombres, mientras que las mujeres equivalen a un 33,4%. Entre los sectores productivos que más contratados tienen están los servicios en general con un 29%, la construcción con un 26% y el comercio en tercer lugar con un 14%. De los casi 11 mil contratos celebrados hasta la fecha, un 77% es de jornada completa, es decir, de 31 o más horas semanales, mientras que un 20,3% tiene una jornada parcial con hasta 30 horas a la semana. Respecto de las remuneraciones imponibles, el promedio asciende a $638.393.

Pese a que el Gobierno evalúa como “positivo” el balance de la ley hasta ahora, señala que hay ciertos aspectos que mejorar. Es por ello, que junto con la ley de modernización laboral -que según fuentes conocedoras entrará al Congreso durante la primera quincena de marzo- se ingresarán algunos puntos que perfeccionarán la ley de inclusión.

Entre los cambios previstos por el Ejecutivo está promover la contratación en el sector público. El ministro Monckeberg explicó que en el sector público se establecen muchos requisitos para contratar a las personas con discapacidad, por ejemplo se les pide la licencia de enseñanza básica y certificado de egreso de enseñanza media. “Muchas veces las personas con discapacidad van a escuelas especiales, egresan, pero no les dan el certificado y, por tanto, no pueden acceder al sector público. Nosotros vamos a introducir una modificación legal precisamente para que les homologue a las personas con discapacidad sus estudios en escuelas especiales y se les certifique sus competencias en ChileValora y con eso ya sea suficiente para ingresar al sector público y para ser promovido a distintos cargos de mayor responsabilidad”, dijo Monckeberg.

Otro perfeccionamiento será ampliar el cumplimiento alternativo, es decir, que las empresas que no tengan el 1% de contrataciones puedan donar a instituciones de educación y no solamente a fundaciones como está actualmente en la normativa. “Nosotros vamos a ampliar eso, permitiendo que quienes reciban esos aportes sean instituciones de educación y que este aporte pueda financiar estudios en institutos técnicos o profesionales donde accedan personas con discapacidad hoy día no pueden”, sostuvo el ministro del Trabajo.

Para el próximo año, el Presidente Piñera pidió al ministro y subsecretario de Trabajo que se ponga especial énfasis en el tipo de empleo que se crea para las personas con discapacidad, que sea estable y de calidad.