(Pulso) A cuatro años de libertad vigilada se condenó a Aldo Motta Camp, exgerente general de las sociedades Cascada, convirtiéndose en el primer caso por delito de manipulación bursátil en Chile en que la condena es dirigida al emisor de valores y no al corredor de Bolsa. Este, además, es la única arista penal que se mantenía abierta por el denominado Caso Cascada.
“Se condena al referido acusado como autor de tres delitos consumados (…) a sufrir la pena única de 4 años de presidio menor en su grado máximo (libertad vigilada), más accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios público durante el tiempo de la condena”, se leyó a las 13:00 horas en punto en la Cuarta Sala Oral en lo Penal, instancia en la que no estuvo presente Motta.
Estos delitos sancionados se refieren a operaciones ficticias y la venta de acciones bajo el precio de mercado, entre los años 2010 y 2011.
Además de los 4 años de libertad vigilada, Motta Camp quedará inhabilitado por 5 años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o propiedad sometida a fiscalización de la superintendencia respectiva.
Junto con ello, y en un plazo de 5 días, el exejecutivo deberá presentarse al centro de reinserción social de Gendarmería de Chile que corresponda a su domicilio y realizar un plan de intervención individual previamente aprobado.
Si bien el Ministerio Público estaba solicitando 6 años de cárcel, tras la lectura de la sentencia la fiscal Ximena Chong señaló que “estamos satisfechos con la decisión del tribunal, sin perjuicio que nuestra solicitud de pena era mayor a la que fue concedida. Creemos que es un fallo histórico en términos de la sanción a un gerente general de compañías que transan en Bolsa, en relación a delitos que afectan al mercado de valores”.
En esta misma línea, el abogado querellante en el caso, Mauricio Daza se mostró conforme, señalando que “esta es la primera vez que se obtiene una condena de carácter ejemplar en un delito de manipulación bursátil, y por lo tanto es un buen día para la transparencia y credibilidad de nuestro mercado de valores”.
Con todo, la fiscal Chong no aclaró si existen hoy antecedentes suficientes para imputar delitos a Julio Ponce Lerou, y sólo indicó que “Las investigaciones en relación con los otros participantes han seguido avanzando, nosotros como equipo hemos soportado en paralelo tanto la litigación de este juicio como también las diligencias de investigación que han seguido avanzando”.
A la vez, Chong comentó que la sentencia dictada ayer será analizada para “evaluar si se ejerce algún tipo de recurso respecto de la misma”. La Fiscalía, de encontrarlo necesario, podría presentar un recurso de nulidad de la sentencia, ante la Corte Suprema y de Apelaciones, en un plazo de 10 días de conocida la condena.
Los abogados defensores, Samuel Donoso y Mauricio Sanfeliú se retiraron del Centro de Justicia sin dar declaraciones. Motta había sido acusado por seis delitos, sin embargo sólo se logró condena por tres de ellos.
En septiembre de 2014, la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) aplicó sanciones en el denominado Caso Cascada a ejecutivos y personas relacionadas a las sociedades Cascada que controlaban SQM por un total de US$ 180 millones. En el caso de Motta, la multa llegó a US$24,4 millones, en tanto Julio Ponce Lerou fue cerca de US$69 millones.
El regulador los acusó de tener responsabilidad en diversas operaciones realizadas de forma recurrente entre 2009 y 2011, que beneficiaron a Julio Ponce y a personas cercanas a él, entre ellas, Motta, esto en desmedro económico de los accionistas minoritarios de las sociedades la Cascada.