(El Mercurio) Decidimos cambiar la clásica comida sectorial, que en general aburría a todo el mundo», explica con humor Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, al referirse al seminario que realizarán este miércoles. Como síntoma de los tiempos, el invitado al evento del gremio que agrupa a la gran minería será Geoff Colvin, economista de Harvard, autor de «Humans are Underrated» (Los humanos están subestimados), y editor de Fortune, cuya charla se enfocará en el impacto de las nuevas tecnologías en el plano laboral. En esencia, su visión apunta a que en un mundo en que la automatización llena cada vez más espacios laborales, los humanos son insustituibles en creatividad, innovación, relacionamiento. «Para la industria hay una súper buena noticia. Con los cambios tecnológicos, vamos a necesitar competencias distintas. Sí, se van a acabar trabajos, pero van a aparecer nuevos, y es una oportunidad para la incorporación de mujeres, para la supresión de diferencias», sintetiza Villarino.
-En el período transicional, puede haber menos trabajo neto. ¿Lo tienen cuantificado?
«Estamos haciendo ahora un estudio con Fundación Chile. Tenemos un incremento en la demanda de trabajadores para los próximos años, atendidos los nuevos proyectos. Probablemente se generen menos puestos de trabajo de los que se podrían haber generado si es que no hubiera cambios tecnológicos, pero hasta ahora no tenemos cuantificado pérdidas de puestos de trabajo en el neto».
-Varias mineras han anunciado cuantiosos proyectos en las últimas semanas, pero usted ha sido enfático en no hablar de boom . ¿Por qué?
«Uno de los aprendizajes del superciclo fue tratar de evitar el exitismo y la generación de grandes expectativas. Es verdad que hoy tenemos un escenario mucho mejor del que teníamos hace algunos años, incluso con caídas en el precio del cobre -el año pasado cayó 18%-, y aún así vemos nuevos proyectos sobre la mesa. No uso la palabra boom para evitar caer de nuevo en esa sensación de que vamos a volver al superciclo, con la libra de cobre a cuatro dólares, y con una sobredemanda de proyectos. Ese escenario es muy probable que en Chile no vuelva a ocurrir nunca más. Hoy estamos viendo un escenario distinto, no es el superciclo. Deberíamos tener una demanda sostenida y sólida de commodities -una buena noticia para Chile-, por el crecimiento de China, por la electromovilidad, por la urbanización de muchos territorios, y por lo tanto se va a mantener un precio razonable».
«Además, lo que hemos visto en el último año en materia de permisología es una muy buena señal en general. No porque hayan -y quiero ser súper enfático- disminuido requerimientos ni hayan bajado los estándares, no es que se esté haciendo un favor. Es porque se puso orden en la casa, se ordenó la burocracia. Donde se pedían 1.200 permisos, se siguen pidiendo los mismos 1.200, pero con criterios más homogéneos y se está resolviendo dentro de plazos y sin arbitrariedad. En esto hay que felicitar al Gobierno por la oficina de proyectos sustentables, al alero del Ministerio de Economía, más la mesa de sostenibilidad que ha desarrollado el Ministerio de Minería. Chile se vuelve a poner atractivo y dice ‘señores, sí quiero inversión minera’. En los años anteriores, al revés de lo que ha ocurrido hoy, se dejaron de aprobar al menos cuatro proyectos, esa es una muy mala señal. Estamos contentos, se están dando las señales correctas para que los inversionistas decidan volver a confiar y a desarrollar proyectos en Chile. Lo cual no quiere decir que no hay otros temas pendientes, pero quiero mirar el vaso medio lleno».
-¿Vamos a seguir viendo más proyectos?
«Esperamos que se apruebe Dominga, y podemos tener un par de buenas noticias más durante los próximos cuatro años».
-Sobre la reforma al SEIA. ¿Qué evaluación tienen del proyecto y cuáles son los puntos débiles de la iniciativa?
«La reforma al SEIA tiene buenos titulares y no muy buenas bajadas. No sabemos por qué el proyecto original del Gobierno desatendió una serie de acuerdos transversales que se habían adoptado en la comisión asesora presidencial del gobierno anterior. Eran acuerdos adoptados durante más de un año y medio de trabajo, por sectores muy diversos. Ahora, no sabemos por qué el Gobierno recogió los titulares, dijo ‘hay un problema de participación anticipada, de ventanilla única, de politización del sistema, y estas son las respuestas que le vamos a dar’, que no tienen mucho que ver con las que se habían consensuado. Aquí hubo algunos creativos que en poco tiempo generaron respuestas y que le han puesto a la actual ministra un problema complejo de resolver al interior del Congreso».
-¿Cuáles son los problemas prácticos?
«Lo primero es que la participación anticipada no puede ser un saludo a la bandera, requiere de una conversación larga y profunda, aunque esto sea doloroso, demande esfuerzos extraordinarios y aunque incluya recursos no previstos de parte del Estado y de las empresas. Tener una consulta ciudadana light , no solo porque no es vinculante, sino que por su procedimiento, porque no tiene un contenido profundo, ordenado, porque termina de una manera en que no se entiende muy bien cuál es la naturaleza jurídica del vínculo del acuerdo que se adopta, que va a consulta al Tribunal Ambiental (…) Hoy día esa participación anticipada es básicamente ‘vaya usted si quiere y consulte de la forma que usted quiera y después nos dice qué consultó’. Eso no tiene la seriedad que la participación ciudadana anticipada exige».
«En la creación de las macrozonas, puede tener alguna despolitización, lo cual es bienvenido. Sin embargo, choca con un anhelo muy sentido de las regiones, hay que buscar una solución específica respecto a ese empoderamiento regional que viene del cambio político que se ha hecho al tener elecciones de gobernador en el corto plazo, con poderes y facultades propias. Tiene la complejidad política de alejar de la región la toma de ciertas decisiones. Cómo vamos a vincular esto con los planes de desarrollo regional».
«Y el otro tema que no está resuelto es qué tipo de compensaciones van a tener las comunidades, que no tiene que ver con mitigaciones o compensaciones ambientales, sino económicas. Hoy estas existen en la vida real, pero son gastos rechazados. Nadie tiene duda alguna que forman parte, o que son gastos necesarios para producir la renta, y son gastos rechazados, de acuerdo a la última modificación tributaria. Desconoce una realidad evidente: hoy día las comunidades quieren formar parte de proyectos que agregan valor compartido. Tenemos que buscar un marco jurídico. Poner el tema sobre la mesa y buscar una solución con una institucionalidad ad hoc . De eso nadie se hace mucho cargo».
«A la Oficina de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía hay que darle cuerpo, institucionalidad, no puede depender de la voluntad del ministro de turno. El gran desafío es transformar esta oficina, que evidentemente está dando buenos resultados, en una oficina que forme parte de la institucionalidad, para evitar las burocracias antojadizas y las arbitrariedades que hemos visto».
-Respecto de la participación, ¿debiera ser vinculante?
«No siempre lo que pide la ciudadanía está bien fundado. Muchas veces esa ciudadanía está mal informada, manipulada, intermediada por grupos muy bien organizados que están destinados a chantajearte. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es relevar la información, entregar las competencias para que esa participación sea productiva, que sea una contraparte válida. Y el Estado tiene que ser garante de esa contraparte en igualdad de condiciones, dar la oportunidad, a las empresas mineras, energéticas, de cualquier orden, para dar respuestas fundadas. Aquí existe una diferencia de tratamiento entre lo que propone la empresa y lo que propone cualquier grupo u ONG bien organizado: si tú dices algo que no cumples, faltas a la verdad, no llevas adelante los compromisos, tienes sanciones gravísimas. Por el otro lado, no existe ningún tipo de responsabilidad. Puedes acusar a la empresa de que con su proyecto va a destruir determinada fauna, flora, que va a producir determinados perjuicios materiales o ambientales, y no tienen ninguna responsabilidad de acreditar que eso va a ocurrir. Toda la prueba recae sobre la empresa. Entonces, no puede ser simple y llanamente vinculante por esta situación, a menos que luego en la instancia correspondiente, sean capaces de probar los efectos que acusan».
-¿Han tenido la posibilidad de plantearle a la ministra estos temas?
«A la ministra Schmidt le remitimos la misma minuta que le entregamos públicamente, por ley de lobby , a la ministra Cubillos. Hemos pedido audiencia a la Cámara de Diputados, pero la comisión respectiva no está viendo el tema, no nos han citado».
-Si la ley no recogiera estos elementos, ¿qué augura?
«A menos que el Gobierno se decida a entrar en una discusión en serio sobre reforma al SEIA, con todas las aristas que esto significa, es poco probable que tengan la votación para aprobar el proyecto. Tenemos que evitar un proyecto que sea LPF, una ‘ley para la foto'».