(El Mercurio) La Sala de la Cámara de Diputados ayer realizó una sesión especial para analizar «la constitucionalidad, legalidad, mérito, oportunidad y conveniencia» de las reducciones presupuestarias por US$ 1.063 millones fijadas por el Decreto 651 del Ministerio de Hacienda. Los parlamentarios de oposición alegaron que el recorte de abril pasado afectó a diversos ministerios y servicios públicos del área social.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, justificó el ajuste presupuestario, en línea con los compromisos de recuperar la estabilidad fiscal y reducir la deuda. También defendió la legalidad y constitucionalidad del polémico decreto, el cual recordó ya fue visado por la Contraloría.
La oposición logró aprobar un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo que en posteriores ajustes fiscales se informe previamente a la Cámara de Diputados. También se pidió monitorear la venta del 24% de SQM, por su eventual impacto tributario.
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