El desafío que hoy enfrentan las empresas es pasar de una competencia por el territorio a una convivencia, lo que exige integrar distintas vocaciones y visiones de desarrollo, el cual no debe ser sólo económico, sino que considerar la dimensión social y medioambiental.

Así lo planteó el presidente del directorio de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, en su presentación en el marco del seminario “Mediación de Conflictos Socio Ambientales y Acceso a la Justicia”, organizado por el Primer Tribunal Ambiental y la Universidad Alberto Hurtado de Antofagasta.

El ejecutivo destacó que, a partir de los aprendizajes obtenidos durante su historia como empresa minera, hoy cumplir con la normativa legal es un “desde”, precisando que la brecha que actualmente existe entre lo normativo y lo que es percibido como legítimo desde la óptica ciudadana es un desafío central, que debe ser abordado por todos.

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Esa comprensión, sostuvo, es lo que ha llevado al grupo minero a desarrollar un nuevo proceso de relacionamiento con las comunidades. “Debemos conectarnos y conversar con todos los vecinos y sus necesidades, generar alianzas y acuerdos colaborativos, transparentar nuestros procesos, dar cuenta de nuestro actuar frente a una sociedad cada vez más informada y empoderada”, subrayó.

En tal sentido, dijo que si los esfuerzos por llegar a acuerdos amplios y legítimos no son vinculantes o carecen de validez, “los conflictos  judiciales van a aumentar, al igual que los quiebres en las propias comunidades, como ya ha ocurrido, afectando su tejido social y poniendo en jaque las opciones de desarrollo del país”.