(La Segunda) Tras la victoria en el Tribunal Constitucional, donde logró sacar adelante el proyecto de ley que prohíbe las bolsas plásticas, derrotando a los gremios que producen este tipo de elementos, Marcela Cubillos, ministra del Medio Ambiente (MMA) ya alista las siguientes etapas de su agenda legislativa, revela sus plazos y promete un equilibrio político y técnico.

La secretaria de Estado está invitada este martes a exponer su proyecto más complejo: la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Pero eso no es todo en su agenda legislativa. Vinculado estrechamente a ese proyecto, la carta gantt de Cubillos tiene marcada la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, en primer trámite constitucional. Esta iniciativa es clave porque planteará el esperado rayado de cancha territorial para las inversiones.

También está en carpeta la ley Marco de Cambio Climático, que el Gobierno aspira a ingresar al Congreso el segundo semestre de 2019, y la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que potencia el reciclaje. Ahí actualmente se trabaja en la elaboración de la metas para dos productos prioritarios: Neumáticos y Envases y Embalajes.

En este caso se espera tener los decretos supremos firmados el próximo año.

Mirada expectante por SEIA

La tarea de Cubillos no será fácil, deberá convencer a parlamentarios con background en el área, como Guido Girardi (PPD) o Isabel Allende (PS), quienes lideran la comisión Medio Ambiente en el Senado.

En cuanto a la reforma al SEIA, que entre otros elementos propone consagrar la participación anticipada de proyectos de inversión, Girardi sostiene que es fundamental una reinvención del sistema.

“El sistema es como un campo minado, ahora se duda tanto de los buenos, como de los malos proyectos (…) esperemos que ahora las definiciones sean mucho más técnicas.”, comenta Girardi.

Sobre la estructura del nuevo SEIA que entre otros cambios elimina el Comité de Ministros (que aprueba o rechaza proyectos) y la creación de tres macrozonas de evaluación en el país, Cubillos remarca que el proyecto “busca que lo técnico y lo político convivan de mejor manera que en el actual sistema. Debe existir un componente técnico, que queremos fortalecer, pero también debe existir la mirada política de la región y las autoridades”.

Una mirada similar tiene Alex Godoy, director Centro de Investigación en Sustentabilidad de la UDD, quien asegura que a pesar de remover el Comité de Ministros, “el componente político siempre va a estar presente, dado que los distintos servicios y ministerios también responden a objetivos políticos.

Es más, la fijación de normas, el proceso de regulación al final es un proceso político”, comenta.

Mirada gremial y experta

Desde la Asociación de Generadoras, se espera que el nuevo SEIA identifique de manera temprana quiénes son los actores involucrados en el área de influencia de un proyecto y que se separen las medidas de compensación para comunidades de la evaluación de impactos ambientales.

“Esa separación evitaría las innecesarias confusiones entre lo que realmente se debe regular a nivel medioambiental y los otros temas”, comenta Claudio Seebach, presidente de la asociación.

En el caso del Consejo Minero, entidad que agrupa a las principales compañías extractivas del país, tiene especial interés en la agenda, incluyendo SBAP, ya que este consagra áreas donde no se pueden construir proyectos de inversión.

“El principal desafío es, a nuestro juicio, agilizar las evaluaciones, manteniendo las protecciones. En este sentido, se debe apuntar hacia una mejor calidad y eficiencia en la evaluación ambiental”, comenta Joaquín Villarino presidente del consejo, quien agrega que en el ítem glaciares, esperan que su protección esté radicada en el SEIA y en el SBAP.

Para el abogado y ex fiscal de MMA en el gobierno de Bachelet, Jorge Andrés Cash, una buena medida sería dividir el proyecto SEIA en dos: uno que “proponga mejoras al instrumento SEIA en el ámbito de la gestión y otro proyecto, que debería presentarse una vez aprobado el proyecto descrito, y que haga ajustes procedimentales en materia contencioso-administrativa y judicial”.