(El Mercurio) «Influir y dejarse influir». La frase contenida en el «Pacto Estratégico» de 2015 y que repitió Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, en la reunión que sostuvo la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el miércoles, encontró eco al día siguiente entre dirigentes sindicales de Chuquicamata. En particular, entre los dispuestos a hallar soluciones para evitar un paro que, si bien la semana pasada se aplazó, aún es una opción sobre la mesa.
Chuquicamata es hoy una mina a rajo abierto, pero tiene un plan de reconversión de sus operaciones a subterráneas, con primeras obras de hundimientos previstas para el próximo año. Y producto de esto, cerca de 1.000 trabajadores serán desvinculados de esta división, mientras otros 700 pasarían a retiro por jubilación o enfermedades. En qué condiciones ocurran estos egresos es lo que está en el meollo del impasse y la negociación entre empresa y trabajadores, a lo que se suman discrepancias entre los propios dirigentes sobre lo que solicitan a la compañía.
El martes, en el seno de una reunión en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), definieron un petitorio de tres puntos con un plazo de una semana para negociar con Codelco, el que incluye reintegrar a dos trabajadores de Chuquicamata -despedidos por el artículo 161 («necesidades de la empresa»)-, condenar prácticas antisindicales en la división El Salvador, y armar una mesa en Chuqui con el garante de la FTC para discutir el plan de egreso, entre otros puntos.
Son 15 los consejeros convocados a la mesa de negociación con Codelco, que al cierre de esta edición aún estaba pendiente de constituirse y que tendría como contraparte a Mauricio Barraza, gerente general de la división Chuquicamata. ¿Cuándo se iniciarán las conversaciones? Las versiones difieren, pues los dirigentes aseguran que antes de sentarse a conversar esperan una definición de Codelco respecto de los dos trabajadores desvinculados por el artículo 161, mientras fuentes al interior de la compañía aseguran que los dirigentes decidieron que la mesa se iniciaría pasado mañana.
¿Qué es lo fundamental para la empresa? Por un lado, que se respeten los acuerdos, pues rememoran que en una negociación anterior, para acordar la salida de trabajadores de la refinería, se sostuvieron 35 reuniones por 18 meses, se lograron consensuar las condiciones de egreso y aun así las dirigencias sindicales las desestimaron.
El tema de fondo es controlar costos. Nelson Pizarro fue categórico en que el plan de egreso por alrededor de US$ 150.000 por persona se ajustó a «referentes de mercado», versus los US$ 300.000 de 2013. Por el lado de los trabajadores habría apertura a esta nueva realidad, pero con mejoras, especialmente en los planes de salud.
Las ideas que manejan los dirigentes son dos: Primero, que Codelco pague ocho años de salud para los trabajadores egresados con enfermedades profesionales, crónicas o naturales, y que pague entre cinco y tres años para el resto. Segundo, que una vez egresados, los trabajadores permanezcan en la Isapre Chuquicamata con planes cuyas a «valores de mercado».
Un dirigente explica que los mayores beneficios los obtienen al atenderse en el Hospital del Cobre, en Calama, pero que hay trabajadores que viven lejos, y se atienden en otros lugares donde la cobertura no es tan conveniente. Pero esta versión es desestimada por fuentes de Codelco, que indican que los beneficios son muy superiores a los de cualquier otra empresa.
Empresa no ve impedimento para usar artículo 161
¿Qué sucederá con la reincorporación de los dos empleados de Chuquicamata desvinculados por razones de la empresa? Para algunos trabajadores es fundamental, porque en el marco de las conversaciones en torno al «Pacto estratégico» que firmaron con la anterior administración, los sindicatos plantearon no utilizar esta cláusula. Pero fuentes al interior de la Corporación aseguran que no hay nada firmado al respecto, que la actual directiva no mantiene ningún acuerdo sobre el tema y que no existe impedimento legal para aplicar el artículo 161.
Un dirigente sindical apunta a la eventualidad de que los dos trabajadores despedidos hubieran cometido faltas a la probidad y que la empresa, como parte de un acuerdo los haya desvinculado invocando el artículo 161. «Si Codelco lograra probar que los trabajadores cayeron en alguna falta, esta solicitud caería por sí sola», concluye.
¿Qué pasará con los otros puntos del petitorio? Un directivo de uno de los sindicatos de Chuqui desestima la solicitud de «condenar las prácticas antisindicales de El Salvador y detener el traspaso de trabajadores desde un sindicato al otro», por «impracticable».
Un alto representante de los trabajadores agrega que la puesta en práctica de esta solicitud implicaría violar el principio de libertad sindical, señalando que este punto del petitorio es más bien un «gallito de poder», en especial del sindicato N°2 de El Salvador con la directiva de la FTC.
Pero hay visiones más radicales: «Si la mesa no logra acuerdo en torno a los tres puntos, el martes se declarará paro y los sindicatos de Chuqui se retirarán de la FTC», sentencia un actor. Coincide un ex dirigente que apunta sus dardos a la directiva actual de la FTC -encabezada por Juan Olguín, cercano a Raimundo Espinoza, el ex presidente histórico de la FTC-, a la que acusa de una «maniobra dilatoria» para desconocer los acuerdos de la FTC.
Otros actores desestiman esta tesis y aseguran que el petitorio fue aprobado por unanimidad. Desde el entorno de Raimundo Espinoza también descartan alguna influencia en las decisiones de la actual directiva, aunque hacen ver que «ambas partes deben ceder. Los dirigentes deben dejar sus intereses personales, y entender que con voluntad se puede llegar a acuerdo».
En un comunicado del jueves, los sindicatos N°s 1, 2 y 3 de la División de Chuquicamata y de Antofagasta aseguraron que el mandato para la FTC debiera abrir «mesas de trabajo» en las divisiones. No repitieron el petitorio.
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