(El Mercurio) Buscando retomar la inversión minera y reactivar el desarrollo de nuevos proyectos en el país, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, apunta a que es el momento preciso para aprovechar el mejor ánimo y las expectativas positivas en torno a la economía.
No obstante, advierte que hay una serie de ruidos que aún restan por despejar para interesar más a los inversionistas, donde figuran desde el sistema de evaluación de los proyectos, hasta la relación con las comunidades, y teniendo en cuenta las consecuencias del ambiente generado por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos.
-Más allá del precio del cobre ¿cómo se puede atraer mayor inversión minera al país?
«Hay varios temas que trabajar en conjunto con el Gobierno y el Poder Legislativo para facilitar el desarrollo de proyectos, evitando espacios de discrecionalidad en el aparato público que generan incertezas, que es en lo que ha estado ocupado el Ejecutivo. La ejecución de proyectos toma tiempo y en nuestro país los plazos son más largos que el caso de nuestros competidores. Hay menor certeza jurídica en esos procesos, y Chile se farreó la ejecución de El Morro, Dominga y Pascua Lama, que es un lujo que se dan pocos países en el mundo. En cinco años no se permitió que se ejecutaran tres grandes proyectos».
-¿Ven una mayor distancia con la ciudadanía?
«En Chile tiene que existir un acuerdo nacional con las comunidades, de que queremos que haya más minería y que facilitemos su ejecución, bajo altos estándares y respeto al medio ambiente, pero parece que hay una división al respecto y es posible ver mociones parlamentarias que tienden a impedir el desarrollo, o algunas ONG que tienen una actividad abiertamente confrontacional. Vemos un doble estándar en las ONG que pueden acusar de lo que se les ocurra, sin ninguna prueba. Esto debe ser solucionado, subiendo las exigencias a estas organizaciones, ya que muchas de ellas aterrorizan y utilizan a las comunidades. Ese doble estándar también lo vemos en el Congreso, porque hay dirigentes de ONG que son asesores de parlamentarios, que participan en la elaboración de mociones y después son invitados a exponer a las comisiones, y esto no es transparente del todo».
-¿Les preocupa el relacionamiento con las comunidades?
«No nos preocupa tener acuerdos, generar conversaciones o beneficios de manera directa, lo que nos preocupa es que no existan reglas muy claras de cómo estos se hacen y de su validez, o que los liderazgos sean transitorios, porque hay divisiones al interior de las comunidades y después se desconocen los acuerdos».
-¿Cómo ven el desarrollo de las relaciones laborales, en un año cargado de negociaciones?
«En general ha primado un ambiente muy razonable, tanto trabajadores como empleadores han entendido que extremar posiciones no lleva a buen puerto. Cuando prima el corto plazo y las agendas propias, y no se piensa en lo cíclico de este negocio, podemos ver situaciones en las que todos pierden, sobre todo los trabajadores».
-A raíz de la guerra comercial, ¿en qué nivel de precio podrían verse afectadas las empresas?
«Esta es una noticia que nos da una señal, que no tenemos clavada la rueda de la fortuna, por lo que hay que cuidarse de los costos, de nuestra legislación, de la productividad, y de seguir siendo competitivos. El promedio del costo de producción en Chile está cerca de los US$ 2,3 la libra, por lo que aproximándonos a un precio de US$ 2,5 – US$ 2,3, hay empresas que empiezan a sufrir».
Consejo Minero en alerta por alza de cobros en materia energética
Con los últimos cambios a la normativa energética, la industria minera se ha tenido que hacer cargo de importantes pagos que antes eran responsabilidad de las firmas generadoras, considerando que representan hasta el 38% del consumo del país. A su vez, la energía representa el 11% de los costos del sector.
-¿Cómo ven los cambios que ha sufrido la industria energética los últimos años?
«Estamos preocupados, porque hay una serie de falencias en la legislación, como el estampillado y el cambio en el cobro del sistema de transmisión, que han llevado a que los costos de algunas empresas se hayan multiplicado por 100, por lo que evidentemente hay una injusticia manifiesta y estamos trabajando para que se corrija. En el gobierno anterior se hizo mucho. Gran parte de la labor del ministro Máximo Pacheco fue correcta; sin embargo, tiene tareas pendientes el sistema energético».
-¿Como cuáles?
«Deberíamos tener ajustes legislativos que permitan distribuir de manera más adecuada costos que se están traspasando a los clientes finales. Entiendo también que las generadoras debieran tener buena voluntad para renovar nuestros contratos, somos socios de largo plazo. Les dijimos cuando nos cobraban US$ 120 el MW/h, y fue el propio sistema el que les pasó la cuenta con un cambio en la estructura del mercado de generación en el país».
-¿Qué opinan de la irrupción de energías renovables no convencionales?
«Es muy bueno que se haya incorporado más energía de fuentes intermitentes; sin embargo, la forma como se ha introducido tiene falencias, no están transparentados los costos de estas en los precios finales, hay costos que están enterrados y que las generadoras tradicionales están subsidiando de manera oculta a estas nuevas empresas».