(El Mercurio) La semana pasada, en medio del escándalo por el regreso de los hermanos Eugenio y Julio Ponce Lerou a Soquimich, Eduardo Bitran acudió a declarar a la Fiscalía Nacional Económica en relación a la denuncia que realizó en el último día de su gestión, en la que solicitaba al organismo pesquisar sobre las consecuencias que tendría la entrada de una empresa como Tianqi a la propiedad de SQM.

A fines de la semana pasada, el ex vicepresidente de Corfo dio a conocer sus aprensiones a la autoridad, apuntando a que de concretarse la operación por el 24% de las acciones de la minera no metálica, más del 70% de la producción de litio a nivel mundial se concentraría en manos de tres empresas: SQM, Tianqi y Albemarle.

En la acusación de Bitran se reconoce la complejidad que debe enfrentar la FNE para intervenir. Aunque la empresa china hubiese adquirido el 32% de SQM que vendía Nutrien (un 7% se subastó en el mercado), no lograría la posibilidad de influir decisivamente en la minera, requisito que exige el decreto de Ley 211 para iniciar una investigación en el marco de este tipo de operaciones.

Lo que sí alega la denuncia realizada por la Corfo es la existencia del interlocking (participaciones cruzadas), dado que la china es socia de Albemarle (competidor de SQM en el Salar de Atacama) en el proyecto Talison en Australia. Según el escrito, esta figura sería un directo atentado en contra de la libre competencia, por lo que le abriría la puerta a FNE para impulsar una investigación sobre la operación.

Los argumentos también apuntan a que existirían efectos globales a nivel de consumidores de productos que utilizan litio, tales como celulares, medicamentos y autos eléctricos. De esta manera, se habla de una directa afectación a la electromovilidad. Incluso, en la denuncia se acusa la posibilidad de redirigir artificialmente la oferta al mercado chino, lo que según el escrito, “sería una distorsión a la competencia, que además tendría efectos indirectos sobre la demanda por recursos como el cobre verde y la energía solar, además de que encarecería el precio de los vehículos eléctricos”.

Bitran también ha solicitado a la FNE la coordinación con entidades extranjeras en materia de libre competencia de países como Australia e India. Pero también con países como Estados Unidos, Alemania, Francia -líderes en la producción del mercado de los autos eléctricos-, que podrían verse directamente afectados por la operación.

A la fecha, la denuncia se mantiene en su etapa de estudio de admisibilidad, proceso que en un principio podría extenderse hasta el mes de julio. En ese lapso, se espera que la FNE siga citando a más involucrados, con el objetivo de decidir si existen fundamentos necesarios para abrir un caso.